PGR presenta nuevo modelo homologado de procuración de justicia

El gobernador constitucional del Estado de México, Alfredo Del Mazo, y el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, inauguraron la XXXVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en la localidad mexiquense de Valle de Bravo.

El también presidente en suplencia de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Alberto Elías Beltrán, dio a conocer que durante los trabajos de las 33 procuradurías y fiscalías se presentará la propuesta del nuevo modelo homologado de procuración de justicia construido con solvencia técnica y legitimidad política a fin de convertirlo en un instrumento elemental para transformar el sistema de procuración de justicia tanto a nivel local como federal.

Reseñó que esta propuesta de modelo, ya implementado internamente en la PGR como piloto, gira en torno a cinco puntos torales: una política criminal de seguridad pública y de justicia penal; un esquema de gobernanza y administración que incluya el liderazgo institucional, así como a áreas operativas, transversales y de soporte; además de un mecanismo de supervisión y estrategia para la operación sustantiva basado en un plan de persecución penal.

También contempla un modelo de investigación y de funcionamiento que abarque los procesos desde la denuncia o querella hasta la solución de los conflictos; además de otro de operación sustantiva que administre la demanda de servicios de procuración  través de la política criminal y del plan de persecución penal, así como de funciones transversales de gobierno, supervisión, servicios periciales y de investigación, además de mecanismos alternativos de solución de controversias.

En el marco de este modelo también se fortalecerá a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) a través de diferentes acciones como dotarla de mayores facultades y capacidades técnicas para realizar ciber-investigaciones; crear una Oficina Nacional de Política de Drogas, e integrarle un Centro académico de formación y desarrollo para que capacite a sus agentes.

El modelo implica elevar la importancia de los servicios de investigación criminal, inteligencia y servicios periciales, ya que los mismos no sólo prestan apoyo a la función ministerial, sino que además el análisis empírico del fenómeno delincuencial, realizado a través de estos servicios, es la principal fuente para definir tanto la política criminal como los planes de persecución penal, así como para actuar de manera proactiva frente al fenómeno.