Ley General de Seguridad Privada… ¡YA!

Armando Zúñiga Salinas

Presidente Coparmex CDMX / Grupo IPS

La seguridad privada es un tema apasionante para quienes conformamos esta industria. Pero no sólo es eso. Significa mucho para la economía del país, al grado que en las últimas tres décadas ha tomado un papel preponderante.

Prácticamente todas las empresas del país, públicas y privadas, utilizan sus servicios: guardias, blindajes, tecnología, GPS, alarmas. Sus servicios se utilizan en los hogares y zonas residenciales, aeropuertos, puertos, traslado de valores, que dota de efectivo a todos los cajeros y sucursales bancarías del país.

Los últimos datos que hay de la industria indican que existen alrededor de ocho mil compañías a nivel nacional, generan alrededor de 800 mil empleos directos y su valor de mercado es de aproximadamente 485 mil millones de pesos, equivalente al 1.8 % del Producto Interno Bruto del país.

Al mes de septiembre de este año, los trabajadores registrados de empresas de protección y custodia ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), suman 430 mil 668, cifra que da cuenta, en primer lugar, de su relevancia en la generación de empleos: 2% del total nacional, y en segundo lugar, del tamaño de la informalidad, de casi el 50 por ciento.

Del total de empresas que operan en la actualidad, sólo mil 200 están debidamente registradas ante el Gobierno Federal. ¿Qué quiere decir esto? Que hace falta una legislación que ordene el sector, ponga reglas claras de operación y regularice todas las actividades.

La seguridad privada sufre una gran corrupción debido a que al haber y tener que cumplir una Ley Federal obsoleta y 32 Leyes diferentes en cada estado del país, que se contraponen entre sí, los reglamentos municipales están hechos para no poder cumplirse, al grado que se han detectado hasta 500 puntos que se contraponen en las diferentes leyes y reglamentos. ¡Una locura!

La luz al final del túnel

En mayo de 2021, la anterior legislatura del Congreso de la Unión aprobó y fue publicada la Reforma Constitucional en Materia de Seguridad Privada, en la que se estableció la obligación legislativa de aprobar una Ley General en un plazo máximo de seis meses.

Sin duda, una Reforma Constitucional que da vida a la seguridad privada desde nuestra Constitución.

Para la Ley General de Seguridad Privada se trabajaron más de 600 horas con autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en las denominadas mesas beta con el Consejo Coordinador Empresarial y ASUME, órgano que representa a las 30 asociaciones más representativas de la seguridad privada.

Dicho proyecto no ha sido enviado al Congreso a pesar de que la fecha para su vencimiento ocurrió en noviembre del 2021. Sin embargo, la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aseguró el 19 de octubre durante su comparecencia ante el Congreso de la Unión, que debe haber una Ley no sólo moderna, en la que se deben equilibrar los intereses del Estado y del sector privado a través de un elemento común y de interés para todos: la seguridad.

La Ley General de Seguridad Privada ayudará, entre otras muchas cosas, a distribuir competencias entre la Federación, Estados y Municipios mediante un permiso único y un registro de personal, además de un Instituto que abonará en la formación y profesionalización del sector, lo que redundará en la dignificación de los salarios y prestaciones para beneficiar a más de 800 mil personas y sus familias.

La senadora Lucía Trasviña Waldenrath mantiene un interés constante por darle el marco jurídico adecuado a la industria de la Seguridad Privada; el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja, ha tenido una apertura total para trabajar con ASUME y el sector empresarial, así como la diputada Juanita Guerra Mena.

Agradecemos a todos ellos lo expresado en el Senado durante la comparecencia de la secretaria Rosa Icela Rodríguez; confiamos en que nuestro proyecto llegue pronto al Congreso.

Tenemos la certeza de que una legislación de esta envergadura es y debe ser una prioridad para los legisladores de todos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión y más, ante la actual situación de inseguridad que priva en México.

Desde hace varios años hemos buscado, como industria, crear las bases sólidas para tener la legislación correcta para dar ese salto de calidad que posibilite a todos estar a la altura de las necesidades que reclama la nación. Y al parecer, hemos sido escuchados.

Por ello, como industria y sector, nos atrevemos a decir a legisladores y autoridades: Ley General de Seguridad Privada… ¡YA!