Los agentes estaban altamente capacitados y habían colaborado en la detención de El Chapo
México ha disuelto la unidad especializada en antinarcóticos que trabajaba desde hace un cuarto de siglo en coordinación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) para hacer frente al crimen organizado, lo que ha supuesto un duro golpe en la cooperación bilateral en materia de seguridad, según han contado dos fuentes anónimas de la DEA a Reuters.
El Gobierno mexicano informó formalmente a la DEA en abril del año pasado que la unidad había sido clausurada. Tanto la Secretaría de Seguridad Pública mexicana como la DEA ha declinado responder a las reiteradas solicitudes de comentarios al respecto. Nadie había informado hasta ahora sobre la clausura de la dependencia. Reuters no ha podido averiguar por qué el gobierno mexicano no lo anunció públicamente en su momento.
El grupo era una de las Unidades de Investigación Sensible (SIU, por sus siglas en inglés) que operan en unos 15 países y que son consideradas imprescindibles para los agentes estadounidenses que trabajan en el desmantelamiento de redes de contrabando y la captura de los capos de la droga. Estas unidades son entrenadas por la DEA, pero permanecen bajo el control de los Gobiernos nacionales. Una segunda unidad mexicana de la SIU, con sede dentro de la oficina del Fiscal General de la República e independiente del Gobierno, continúa operando.
“La estrangularon”, afirmó uno de los agentes que no quiso identificarse, refiriéndose a la unidad policial. “Hace añicos los puentes que tardamos décadas en armar”. En México, los más de 50 agentes de esta unidad estaban considerados entre los mejores capacitados y participaron en la captura, entre otros, de Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los grandes líderes del narcotráfico, jefe del cartel de Sinaloa.
La cooperación entre México y Estados Unidos aúna esfuerzos para combatir algunas de las grandes redes de crimen organizado del mundo. México es uno de los epicentros del multimillonario comercio mundial de narcóticos y la aniquilación de esta unidad amenaza con dificultar la captura y el enjuiciamiento de los líderes mafiosos.
El cierre podría resultar costoso en las calles de Estados Unidos, donde las autoridades luchan por reducir un aumento en las sobredosis que el año pasado provocó más de 100.000 muertes, en su mayoría vinculadas a una nueva ola de drogas sintéticas, como el fentanilo, producidas por carteles mexicanos.
El equipo de élite, fundado en 1997, fue el principal conducto para que la DEA compartiera con el Gobierno de México pistas sobre envíos de drogas e indicios obtenidos en suelo estadounidense. Para Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, el cierre de la SIU y la restricción de la cooperación en seguridad por parte del mandatario dañarán a ambos países. “Significará más drogas yendo a Estados Unidos y más violencia en México”, advirtió.
La clausura de la SIU es el ejemplo más reciente de la ruptura de la cooperación entre la DEA y México desde que López Obrador asumió el poder en 2018 y prometió reformar la política de seguridad nacional.
Enfurecido por el vertiginoso derramamiento de sangre que atribuyó a las tácticas de mano dura de sus predecesores, el gobernante buscó implementar un estilo policial menos beligerante y se comprometió a abordar lo que, según él, son las causas profundas de la violencia, como la pobreza, en lugar de perseguir a los jefes de los cárteles.
El presidente también puso trabas para que los funcionarios de seguridad extranjeros operaran dentro de México, reprendiendo a la DEA porque, a su juicio, interferían en la soberanía de su país.
En privado, los funcionarios estadounidenses señalan que el papel vital de México en el bloqueo del flujo de migrantes de América Latina, una prioridad para Washington, les permite un capacidad limitada para presionar a López Obrador en otros temas, como la cooperación en seguridad.
Un jefe de la SIU, condenado por colaborar con el narcotráfico
Aunque la reputación de la SIU quedó dañada cuando su exjefe Iván Reyes fue detenido en 2017 y se declaró culpable en un tribunal estadounidense de aceptar sobornos para filtrar información a una banda de narcotraficantes, los funcionarios de la DEA consideraban que la unidad era vital y necesitaban agentes mexicanos para apoyar en sus investigaciones en el país.
La alarma sobre el futuro de esta unidad saltó en 2019, cuando López Obrador suspendió la actividad de la Policía Federal, dentro de la cual se encontraba la SIU, para crear la Guardia Nacional.
Los agentes de la DEA siguieron trabajando con sus homólogos mexicanos durante un tiempo, especialmente en el aeropuerto de Ciudad de México, donde los integrantes del grupo interceptaban el contrabando de fentanilo, al que se atribuye el aumento vertiginoso de las sobredosis en Estados Unidos.
Pero la cooperación en materia de seguridad entre la DEA y México se desplomó en octubre de 2020, cuando fue detenido en Los Ángeles el exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos, alegando que estaba en connivencia con un cartel de la droga.
Los fiscales estadounidenses liberaron rápidamente a Cienfuegos, citando consideraciones de política exterior “sensibles”, pero López Obrador acusó a la DEA de tener “poco profesionalismo” y de fabricar pruebas en el caso. En diciembre de 2020, el Gobierno mexicano despojó a los agentes extranjeros de la inmunidad diplomática y obligó a los funcionarios locales a redactar informes sobre interacciones con agentes de seguridad del exterior. “Ese fue el clavo en el ataúd”, consideró el agente de la DEA. Meses después se cerró la SIU.
En el momento en que la unidad se disolvió formalmente, según esa fuente, ya llevaba inoperativa algún tiempo, porque la Guardia Nacional antepuso la disuasión de la violencia a las investigaciones de los cárteles de la droga.
Con más de 33.000 homicidios registrados en México el año pasado, Vigil indicó que no tiene sentido cerrar una unidad de élite que persigue a los grupos del crimen organizado responsables de la mayoría de los asesinatos. “México se está disparando en el pie”, sentenció.
El País