CON LA INICIATIVA DE REFORMA ELÉCTRICA PIERDEN LOS CONSUMIDORES, COINCIDEN EXPERTOS EN FORO DE COPARMEX

· Ponentes destacan que habrá bienes más costosos y menor empleo, pues se ancla la competitividad a un pasado de combustibles fósiles.

· Concluye con tres mesas de análisis el “Diálogo abierto sobre la Reforma Eléctrica, impactos al bienestar”, en el que
participaron 39 ponentes.

Con tres mesas de análisis en las que hubo coincidencias de que la reforma constitucional en materia eléctrica afectará a
los consumidores, dañará la competitividad y tendrá como consecuencia múltiples litigios por violaciones al Estado de
Derecho, concluyeron los foros organizados por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para
debatir sobre esta iniciativa.

El “Diálogo abierto sobre la Reforma Eléctrica, impactos al bienestar”, que fue un espacio plural y objetivo para dar voz a
expertos relacionados con el sector energético, concluyó sus actividades luego de tres días de trabajo en los que 39
ponentes y moderadores expusieron sus ideas en siete mesas de discusión.

Senadores, diputados, académicos, empresarios e investigadores pusieron énfasis en los efectos, posibles beneficios y repercusiones -que de ser aprobada- tendrá la reforma en el medio ambiente, la seguridad y certeza para la inversión, las
finanzas públicas, el mercado eléctrico y el compromiso de acuerdos internacionales, la incertidumbre jurídica, la
competitividad y el bienestar social.

En la mesa número cinco “Certidumbre Jurídica para el sector energético. Modificaciones al marco legal”, la moderadora
Jaleyna de la Peña, integrante del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, inició la conversación al recordar el camino que
ha seguido la iniciativa de reforma y señaló que más allá de que ésta sea destructiva, signifique un retroceso,
incumplimiento y violaciones a tratados internacionales, uno de los aspectos más graves, es el daño económico que se
estima en por lo menos 44 mil millones de dólares en capacidad instalada de generación privada.

El Consejero Nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE), José Ángel Santiago Ábrego
planteó que de entrar en vigor, la iniciativa desconocerá derechos adquiridos por los permisionarios para desarrollar y
operar una central eléctrica, derecho al Retorno de Inversión y a la obtención de una rentabilidad razonable, proyectada
conforme a sus planes de negocio. Sostuvo que la medida afectaría irremediablemente el principio de retroactividad,
cuestión que revive la interrogante de si es procedente o no, el juicio de amparo para impugnar este tipo de acciones.

Por su parte, Lucía Ojeda Cárdenas, socia de SAI Derecho & Economía, reflexionó acerca de la certidumbre que debe
prevalecer en el país para generar las condiciones necesarias para que los inversionistas planeen sus actividades y, centró
su presentación en dos puntos que afectan la certeza jurídica en particular, como son: el diseño institucional y la
desaparición de la figura de empresa productiva del Estado y sus implicaciones. Reiteró que la reforma no respeta
derechos adquiridos, lo que implica para las inversiones, una expropiación de facto.

En su exposición, José Mario de la Garza, consejero delegado de Coparmex en Litigio Estratégico, profundizó respecto a
las expropiaciones de facto, que dijo, se darían inmediatamente cuando entre en vigor la iniciativa, Destacó dos
afectaciones principales: la primera, relacionada con las acciones que deberán seguir las empresas extranjeras que
invierten en el sector eléctrico en México, valiéndose de los mecanismos de los más de 40 tratados celebrados que vienen
con protección a inversionistas y la segunda, con la desprotección de los inversionistas nacionales que no cuentan con
los mismos recursos legales.

Jesús Soledad Terrazas, abogado especialista en litigio constitucional, socio de Soledad & Carrasco calificó a la iniciativa
como un “golpe brutal” a la seguridad jurídica y cerró su participación con un llamado a que “no solamente las empresas
cuiden sus inversiones, sino que, como ciudadanos afectados por decisiones políticas que buscan reimponer una visión
de hace 100 años, es urgente que entendamos que no podemos quedarnos de brazos cruzados”.

En la mesa número seis se abordó el tema “Impacto en la competitividad de las empresas. Riesgos para la inversión”, en el
que el moderador Francisco Salazar Diez de Sollano, ex presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ofreció
como dato inicial que el cambio en la lógica de distribución que se pretende implementar con esta iniciativa, costaría al país
tres mil millones de dólares por año.

En su intervención, Sofía Ramírez Aguilar, directora general de ¿México, cómo vamos? fue tajante al señalar que todos los empleos necesitan algún tipo de energía para poder llevarse a cabo, por lo que de registrarse apagones, habrá un impacto
directo en el empleo de las personas, además de que si hay costos más altos de energía, habrá recortes de costos en horas trabajadas y subrayó “sin electricidad no hay empleos, sin suficiente electricidad lo más probable es que haya menos
empleos”.

En su turno, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC) Salvador Caro Cabrera, secretario de la Comisión de Hacienda y
Crédito Público, puntualizó que la iniciativa no tiene ningún propósito económico ni relacionado con fortalecer al sistema
eléctrico pues el gobierno no está comprometido con la transición energética y manifiesta un terrible desprecio por todo lo
que tiene que ver con la economía. Expuso que para MC la prioridad es la soberanía del país sostenida en tres aspectos: la transición energética acelerada, el derecho universal al autoabastecimiento y costos y precios accesibles, además de
estabilidad para todos los usuarios.

Óscar Ocampo, coordinador de Energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) se enfocó en un tema puntual, “la pérdida de competitividad” del país a partir de una eventual aprobación de la reforma, lo que inhibiría la capacidad del país de atraer inversiones y retener el talento a largo plazo.

En su ponencia, analizó lo que significa el incremento de costos de generación para industrias como la automotriz, que
perdería rentabilidad en por lo menos un 14 por ciento, sumado al tema de la afectación al medio ambiente y a que los consumidores no puedan elegir suministradores que les garanticen energías limpias y advirtió que“con la iniciativa pierden los consumidores, porque habrá bienes más costosos, menor empleo y se ancla la competitividad a un pasado de combustibles fósiles”.

Carlos Camacho Gaos, miembro del Centro de Energía Anáhuac dijo que con la iniciativa, pasamos de un modelo en el
que el sistema económico funciona a través del mercado, a uno en el que “más que rectoría del Estado”, es un sistema de planeación centralizada con participación monopólica. Subrayó que la preocupación debería centrarse en cómo abaratar
el precio de la electricidad para los pequeños consumidores, “ese sí es un tema de política económica que debemos tratar
de resolver, pero no es poniendo una modificación de carácter constitucional y tratando de desvirtuar lo que ya se tiene
avanzado en el tema en el sector energético”.

Isidro Morales Moreno, director en jefe de Latin American Policy y asociado externo al Centro de Estudios de Energía del
Instituto Baker de la Universidad Rice centró su intervención en que la debilidad del sector energético se encuentra en la dependencia del país en cuanto a la importación de gas -que es del 94 por ciento- para generar electricidad, por lo que es necesario, dijo, establecer medidas que contribuyan a paliar esta situación, una de ellas, elevar la producción de energías renovables y la otra, elevar la producción del gas.

En la mesa siete y última, titulada “Afectación al bienestar social y su impacto en la hacienda pública”, la moderadora
Lorena Jiménez Salcedo, consejera nacional de Coparmex, destacó dos resultados peligrosos de aprobarse la iniciativa;
el primero es que se tendrían que incrementar los subsidios, rubro en el cual la CFE recibirá 73 mil millones de pesos para
el 2022 y el segundo, el encarecimiento de los productos en general. Puntualizó que en México se debe apostar por
energías limpias, plantas modernas de generación y condiciones de mercado que generen competencia para evitar así el
impacto que esta reforma traería a las finanzas públicas, así como a las familias.

En su turno, Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa dijo
que con base en una reflexión profunda de la afectación en materia fiscal, la iniciativa no cuenta con un estudio de impacto presupuestario y fiscal, necesario para que los legisladores puedan tomar una decisión adecuada al respecto y saber
¿cómo le vamos a hacer para invertir en CFE? Añadió que esta iniciativa, a la que calificó como un retroceso que generará
menor crecimiento, impactará en la recaudación tributaria pues cada punto de crecimiento que no se materialice tiene un
valor de 46 mil millones de pesos en el erario.

Por su parte, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Patricia Terrazas Baca, secretaria de la Comisión de Hacienda
y Crédito Público dijo que la iniciativa genera incertidumbre jurídica y económica. Respecto al impacto de esta en la
hacienda pública, habló de la disminución de inversión extranjera, que ya en 2020 tuvo un descenso de 11.7 por ciento
respecto a 2019; de la pérdida de atractivo del país frente a otras naciones y también mencionó como riesgos la eliminación
de la competencia entre CFE y el sector privado; la revocación de permisos y contratos, el declarar a la electricidad como
sector estratégico y la cancelación de órganos reguladores autónomos.

Esta iniciativa que dijo, es más una “ocurrencia”, pone en riesgo de quiebra a los privados, incentiva la pérdida de empleos, condiciona el aumento de precios a consumidores finales y por supuesto, representa un impacto a la hacienda pública y al bienestar pues hay menor inversión, además de que va en contra de lo que el país necesita, que es certidumbre jurídica y
estado de derecho.

En su ponencia, Edgar Alvarado, presidente de Ombudsman Energía México aseguró que el Ejecutivo busca con esta
propuesta regresar a una estructura de monopolio o monopsonio. En cuanto a las afectaciones económicas y al bienestar,
aunque dijo que son difíciles de cuantificar y muchas de ellas dejarán una huella irreversible porque afectarán los derechos de las nuevas generaciones, se estima que el impacto podría rondar los 21 mil millones de dólares en afectaciones al bienestar social y el impacto hacendario que pagaría el usuario final.

Víctor Gómez Ayala, director de Inteligencia de Datos en la Fundación Rafael Dondé apuntó que las finanzas públicas
cobran relevancia porque el Gobierno apuesta a darle un apoyo fuerte a CFE y PEMEX ya que tiene la idea -“yo diría
quimera”- que desde el control de las finanzas públicas se puede ejercer control sobre los precios de los energéticos en la economía, lo cual es un error. Por lo anterior, dijo, lo que hace este conjunto de propuestas, es revertir un proceso favorable
para las finanzas públicas, que además se da en un momento crítico por razones como la pandemia y donde la
recuperación que van a tener las economías emergentes, dependerá de las herramientas que utilicen para favorecer un
entorno de mejor crecimiento.

El foro organizado por la Coparmex, cumplió su objetivo de dar voz a los expertos en materia energética para dotar a los legisladores de todos los partidos de información técnica, financiera y medioambiental especializada que les permita tomar
una decisión acorde a las necesidades sociales, económicas y ambientales que tiene la población mexicana actualmente.

Desde Coparmex reiteramos nuestra convicción de contribuir con un diálogo abierto y respetuoso, con información
concreta y veraz, con propuesta y no con descalificación, al fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y
del mercado eléctrico nacional para que se impulse una transición energética rápida y eficaz, que promueva la llegada de
más inversiones, que garantice el derecho a la salud y a un medio ambiente sano, pero sobre todo, que contribuya al
bienestar integral de las familias mexicanas.

COPARMEX