Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes
El pasado 4 de agosto de este 2021, se dio a conocer el recurso que aplicará para compañías a las que el Gobierno Mexicano acusa de promover acciones que facilitan “el tráfico ilegal” de armamento en el país, lo anterior, a través de una demanda civil en contra de empresas de producción y distribución de armas en Estados Unidos donde se acusa a dichas compañías de emprender “prácticas comerciales, negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México”.
Lo anterior, fue confirmado por la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana (SER) que la acción legal fue presentada ante una corte federal en Boston (Massachusetts) con el objetivo de detener el flujo de armamento ilegal que llega al país desde Estados Unidos.
El titular de la dependencia, Marcelo Ebrard indicó que desde hace dos años se trabaja con este litigio y también destacó que México no tiene intención de interferir en la política interna de EU relacionada a las armas y advirtió que el proceso judicial no apunta al Gobierno estadounidense sino contra a las empresas que han causado daño a través de la venta y distribución ilegal, una práctica que podría haber ocasionado unos 17 mil asesinatos en el país.
Ahora bien, lo que podría ser una medida innovadora se vuelve una farsa, ya que el tráfico de armas no lo realizan las fábricas que las manufacturas, es como esperar que de denuncie a las armadoras de vehículos por la cantidad de lesiones y muertes que causan en los accidentes automovilísticos (que cabe destacar en porcentajes son más altas).
El tráfico de armas de fuego es multidimensional. Las armas de fuego se fabrican y comercian tanto legal como ilegalmente, lo que hace que la identificación y el rastreo de armas de fuego fabricadas y traficadas ilegalmente sean muy complejo. Para complicar aún más las cosas, la mayoría de las armas de fuego se producen legalmente y luego se desvían al mercado ilícito.
¿Quiénes son los verdaderos culpables de esta crisis?
Es cierto que Estados Unidos juega un papel importante, aparte de ser vecinos, es el país donde se producen la mayoría de las armas que la delincuencia utiliza en nuestro país. Sin embargo, si no fueran de Estados Unidos, se consiguieran de otro país ya que la delincuencia encontraría la forma de hacerse de estas. La verdad, aunque duela, es que todos nosotros somos los culpables, comenzando desde Aduanas, la Fiscalía General de la República, Fuerzas Armadas, las Policías, los Estados, hasta los Municipios ya que el Estado Mexicano se ha visto imposibilitado en frenar este tráfico que va hacia dos vertientes: 1.-Los grupos delincuenciales (eso es innegable) y 2.- Los civiles, lo aceptemos o no, la población civil se está armando de forma legal, gracias al artículo 10 de la Constitución Mexicana (a través de la Secretaria de la Defensa Nacional) y de forma ilegal a través del mercado negro, lo anterior impulsado por la rampante crisis en materia de seguridad que inunda al país desde hace más de una década así como a una anacrónica Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Incluso, las famosas campañas de “despistolización” parecen burla donde la medida va hacia el desarme de Ciudadanos y no de Delincuentes, ya que las armas son herramientas su trabajo y no las van a cambiar por un microondas (en el mejor de los casos).
Mientras no tomemos al toro por los cuernos, nos hagamos responsables de nuestros errores y, a través de expertos de verdad (y no de gabinete) y generemos políticas de corte social, público, criminal, criminológico y policiológico adecuadas para frenar este y todos los demás problemas que las organizaciones de crimen transnacional (TCO´s por sus siglas en inglés) provocan no mejoraremos de forma real la crítica situación que en México se vive. Ya que lo que hoy impulsa el Estado Mexicano es tan absurdo como denunciar a una empresa embotelladora de cerveza por haber chocado ebrio. Triste pero cierto.