Jorge Martínez Ocampo, litigante especializado en delitos de cuello blanco, dijo que es importante que los nuevos funcionarios ejerzan este sistema de normas que se generan dentro de la administración
Luego del proceso electoral del 6 de junio en donde se eligieron más de 21 mil 368 cargos públicos, entre los que destacan 15 gubernaturas y mil 900 ayuntamientos, especialistas opinan que inicia una nueva etapa democrática en el país sustentada en el ejercicio de gobierno.
En opinión de Jorge Martínez Ocampo, litigante especializado en delitos de cuello blanco, esta nueva etapa administrativa deberá mejorar luego de que los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental presentada en 2020 por el INEGI, demuestran que la ciudadanía percibe corrupción en los gobiernos estatales en un 75.2 por ciento y en los municipales con 72.3 por ciento.
Martínez Ocampo, como pionero en ofrecer cursos a empresas y gobiernos con el modelo denominado Compliance gubernamental (cumplimiento normativo), dijo que es importante que los nuevos funcionarios ejerzan este sistema de normas que se generan dentro de la administración –en un municipio, estado o empresa– con la finalidad de fortalecer las buenas prácticas de gobierno y un sistema anticorrupción moderno.
Mencionó que esto es de vital importancia para que se genere transparencia en los gobiernos, ya que esto produce confianza entre la administración pública y la sociedad, “desde generar empleos e inversión, y se le va cerrando la puerta a algo negativo como es la corrupción”.
Ocampo a través de su experiencia del modelo Compliance gubernamental opina que comienza con un diagnóstico a cada municipio, alcaldía o estado, y posteriormente se identifican cuáles son las problemáticas que se suscitan en cada una de las áreas de los gobiernos.
La solución que se da luego de este diagnóstico, agregó, es que se detectan los servicios públicos que generan estos gobiernos, que pueden crear actos de corrupción o alguna situación que pueda generar un litigio, y estos se puedan prevenir.
Afirmó que en la administración pública, el control de riesgos se confía en normas de carácter general, como conflicto de intereses, leyes de transparencia, códigos de buen gobierno y ética, “pero lo ideal es identificar los puntos que requieren controles especializados para anticiparnos a conflictos”.
El también especialista en Derecho Penal Empresarial, reconoció que después del 6 de junio, muchos funcionarios electos deberán implementar modelos como “Compliance” para construir gobiernos jurídicamente sólidos, apegados al Derecho.
Para tener un acercamiento a estos temas Jorge Martínez desarrollará el próximo 17 de junio el seminario virtual, “Compliance para gobiernos locales. ABC para nuevas administraciones públicas”.
Martínez Ocampo Chavez & Vaca