Presentan SSPC y Consejería Jurídica informe sobre contratos de Centros Penitenciarios Federales con empresas privadas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en conjunto con la Consejería Jurídica, presentaron los resultados de la revisión realizada a ocho contratos de penales federales con empresas privadas por instrucción del  presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, destacó que en los últimos nueve años se han pagado 75 mil 661 millones de pesos por este concepto, lo que corresponde al 36% del total proyectado a 20 años, que asciende a 266 mil 300 millones de pesos.

De esta manera, explicó la servidora pública, aún queda pendiente el pago de 190 mil 638 millones de pesos, que, según los contratos, se deben cubrir hasta llegar al año 2032 y en otros casos hasta 2036 o 2037.

Detalló que el gasto promedio por Persona Privada de la Libertad (PPL) al año es de 1 millón 375 mil 064 pesos, mientras que por interno se erogan al mes 114 mil 588 pesos y por día cada reo en estos penales cuesta 3 mil 819 pesos, en contraste con la Ciudad de México, donde el promedio es de 500 pesos diarios.

Esto significa, puntualizó, que el porcentaje que se tiene que pagar a estos centros penitenciarios privados es alto, pues de los 22 mil 776 millones de pesos que ejerció Prevención y Readaptación Social (PyRS) en 2020, el 68.3%, es decir 15 mil 562 millones, fue para pagar a las empresas privadas.

Actualmente la ocupación del centro penitenciario de Sonora es de 78%, con mil 975 PPL, mientras que en el caso de Guanajuato es de 76%, con mil 912 PPL;  Oaxaca tiene el 59%, con mil 493 PPL; Durango 72%, Chiapas 52%, el Femenil de Morelos 32%, Michoacán el 48%, y Coahuila 69%.

La titular de la SSPC indicó que los contratos fueron suscritos por Gonzalo Villarreal Guerra, entonces coordinador general de Centros Federales; Arturo Sosa, director general de Administración de la coordinación general de estos centros federales; y, por Marco Antonio Villarreal, ex director de adquisiciones de la misma dependencia en la época del entonces Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, cuando el secretario de Seguridad federal era Genaro García Luna.

En el caso de siete de los contratos la firma se realizó el 27 de diciembre de 2010, mientras que uno, el de Oaxaca, fue el 18 de marzo de 2011.

Por su parte, el consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra, aclaró que estos contratos fueron por adjudicación directa y que la cláusula segunda dice que la responsabilidad de la operación y seguridad de cada centro penitenciario es de PyRS de la SSPC.

La cláusula tercera, prosiguió, menciona que los pagos serán realizados por PyRS desde la fecha de inicio y hasta la fecha de terminación del contrato, ya que, aunque no haya internos se tiene que cubrir el 100 por ciento del pago como si estuviera lleno el penal.

La vigencia del contrato es de 22 años y la etapa de prestación del servicio no será menor de 20 años, enfatizó, salvo el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato.

La cláusula novena señala que los inmuebles y sus instalaciones, concluida la vigencia del contrato, son propiedad del proveedor, no del Gobierno, o bien, podrán ser objetos de un nuevo contrato, expuso Scherer Ibarra.

Por último, el presidente Andrés Manuel López Obrador, giró instrucciones al consejero jurídico para llegar a un acuerdo con los proveedores de los ocho centros penitenciarios privados y en paralelo elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos sino se logra un arreglo.

“Aquí hubo abusos de todo tipo, los beneficiarios de estos contratos muy vinculados al poder; y esto es lo que ya no queremos que vuelva a suceder en el país y es un botón de muestra, desgraciadamente, porque esto se extendió por todo el gobierno, se dedicaron a saquear durante el periodo neoliberal; privatización sinónimo de corrupción, pero a estos extremos”, finalizó.