Seguridad para personas con discapacidad

Por David Lee

Uno de los grupos mayormente marginados en el mundo, lo constituye el de las personas con discapacidad. Los discapacitados presentan los peores resultados en términos sanitarios, obtienen resultados académicos más bajos, participan menos en la economía, registran las tasas de pobreza más altas y, por si ésto no bastara, son víctimas de maltratos, abusos y delitos graves.

La Organización Mundial de la Salud estima que existen más de 1,000 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad, cifra que representa alrededor del 15% de la población mundial.

La ONU, en 2006, aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el fin de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de las personas con discapacidad y el respeto a su dignidad.

Esta Convención, la primera de carácter integral sobre el tema y el primer tratado sobre derechos humanos del siglo XXI, representó una esperanza de vida mejor para todas aquellas personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de largo plazo.

Además de su condición, los discapacitados enfrentan el riesgo de ser víctimas de diversos tipos de abuso:

• Maltrato físico.
  Golpes, puñetazos, quemaduras, patadas, pellizcos, mal uso de medicamentos, asilamiento o sanciones físicas inapropiadas.
  
• Maltrato psicológico.
  Discriminación, abuso emocional, amenazas de daño o abandono, privación de contacto, humillación, intimidación, coacción, abuso verbal o privación de redes de apoyo.
  
• Violencia de género.
  Violaciones, actos sexuales, exposición a material pornográfico sin consentimiento o sin capacidad de consentir por parte de la víctima. Insinuaciones, exhibicionismo, tocamientos o masturbación.
  
• Abuso material o financiero.
  Robo, fraude, explotación laboral, presiones en la gestión de su patrimonio o apropiación indebida de sus bienes.
  
• Negligencia o actos de omisión.
  Negación de las necesidades de cuidados físicos, negación de acceso a servicios sanitarios, sociales o educativos y la privación de necesidades básicas de alimentación, sueño o medicación.
  

Ante ello, es preciso:

• Prevenir.
  Formando en lo posible a la persona, con una educación en términos de desarrollo humano, expresión de género adecuada, garantizando un entorno que los proteja y logre disuadir a potenciales agresores. Debemos considerar que muchos de los abusos se dan por parte de cuidadores, empleadores e, incluso, de familiares.
  
• Detectar.
  Mantenerse atento a cambios de comportamiento y conducta, rechazo a alguna persona, ansiedad, miedo, fobias, trastornos de sueño, alimenticios, dibujos con contenido sensual, problemas físicos tales como infecciones vaginales o urinarias, heridas en genitales, hinchazón, moretones y dolores.
  
• Intervenir.
  Ante la sospecha de algún tipo de abuso, es importante consultar a un profesional que lleve a cabo un análisis y diagnóstico de la situación, a fin de considerar la pertinencia de una intervención para proteger a la víctima y emprender acciones legales contra el o los abusadores en su caso.
  

Se debe reconocer que infinidad de personas están discapacitadas no sólo por sus propios cuerpos, sino por la sociedad en que viven, la que, además, en muchos casos las victimiza.

Debemos entender que la discapacidad, más allá de ser una cuestión médica, es un asunto social y aceptar que lo que históricamente ha limitado el desarrollo de las personas discapacitadas no son sus características físicas, sino la forma en la que, como sociedad, hemos actuado respecto de ellas por nuestra propia ignorancia, miedo o falsas creencias sobre sus capacidades y potencialidades.

Evita ser parte de esa sociedad que margina a los discapacitados y ocúpate de incluirlos y protegerlos.

Para ello, te recomendamos consultar la guía Abuso y discapacidad intelectual. Orientaciones para la prevención y actuación. Elaborado por la Fundación Carmen Pardo-Valcarce y el movimiento asociativo FEAPS, en colaboración con la Fundación MAPFRE.

Así como el documento informativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Mecanismo de Vigilancia, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México.