PACIFICACIÓN Y RECONCILIACIÓN NACIONAL

PROYECTO DEL DIPUTADO FEDERAL MANUEL ESPINO BARRIENTOS

El Diputado Manuel Espino sometió a la consideración del Pleno y a los diputadas y diputados federales de la LXVI Legislatura la aprobación de la siguiente propuesta que busca atender al país en temas de seguridad de forma paralela al trabajo táctico que se realiza en el día a día, es una tarea de rescate de muchos factores como cultura de la legalidad, rescate de espacios públicos, atención a las poblaciones más vulnerables y a las personas privadas de la libertad entre muchas otras situaciones que afectan a la población hoy día. 

Al día de hoy esta propuesta está en revisión y dialogo de ideas y propuestas pero ya cuenta con el aval y firma de 135 diputados y en espera de la suma de otros que quieran aportar y participar de esta iniciativa necesaria e inteligente.

Revisemos algunos de sus temas centrales:

Falibilidad del Estado hace vulnerable la paz

Siendo el Estado la comunidad política suprema y soberana de la nación, cuya autoridad emana del pueblo, que nos representa como personas y como sociedad, tiene como primera obligación dotarnos de seguridad, proteger la integridad física, el patrimonio y la familia de todas y todos los ciudadanos. En un ambiente de armonía y respeto permanentes, con instituciones de gobierno eficientes que, con fundamento en las leyes, hagan viable el bienestar social y den fortaleza a la gobernabilidad.

Ese Estado de Derecho que es expresión de nuestra autodeterminación significa, ante todo, la supremacía del orden jurídico sobre gobernantes y gobernados, el primado de la ley en el orden social. Cuando el Estado falla y se debilita, porque es falible, se ponen en riesgo el orden y la legalidad, la seguridad y la paz. Eso le ha ocurrido a nuestro país a lo largo de su historia y hoy es tiempo oportuno para fortalecer al Estado mexicano frente a riesgos y amenazas a su seguridad.

Deber ineludible de pacificar a la patria

La inseguridad, la violencia y la fractura social, registran niveles tan elevados como alarmantes. Han perturbado nuestra convivencia, afectando de manera profunda la vida de nuestras familias. México sigue siendo víctima de un proceso sutil y perverso de suplantación de sus autoridades, por el poder de grupos criminales que, de manera paulatina, desde hace décadas han disminuido la paz social y vulnerado nuestra gobernabilidad hasta llegar a la situación actual, que todas y todos conocemos y padecemos. 

No hace falta abundar en ello, ni debatirlo para destacar culpables o estadísticas que demuestran lo que ya sabemos. Mejor, desde nuestra corresponsabilidad respaldemos la nueva estrategia nacional de seguridad del gobierno de México. Estamos moralmente obligados a humanizar y mejorar la convivencia de nuestra nación, recurriendo a las palabras antes que a las armas. Es nuestro deber ineludible e impostergable.

El error de la “guerra” vs crimen organizado

En tan loable propósito hay avances, sin embargo, prevalece el desgaste y el estado calamitoso del tejido social que se agudizó en forma dramática por declarar la “guerra al narcotráfico” Iniciar confrontación contra los grupos criminales es fácil, lo difícil es terminar la confrontación. 

El error de ese conflicto detonó una escalada de violencia que no hemos logrado revertir del todo y que, según el INEGI, en lo que va del siglo XXI, ya ha costado el sacrificio de más de 530,000 vidas humanas , una cantidad indeterminada de personas desaparecidas, de víctimas del reclutamiento forzado a grupos criminales, de comunidades desplazadas, desintegración familiar, desconfianza en las instituciones e incuantificables daños económicos, sociales, morales, psicológicos y patrimoniales a nuestra población. 

La confrontación directa contra la delincuencia común y contra el crimen organizado ha tenido una manifestación visible y dolorosa, más no ha combatido las causas. Se ha alimentado una cultura de discrepancia y violencia que daña el tejido social, que fomenta resentimientos, envidias, odios y deseos de venganza que estimulan los grupos criminales y los utiliza para manipular personas y comunidades para enfrentarlas con otros.

Urge lograr mayores avances hacia la paz

Revertir la inseguridad y la violencia crónica que han conflictuado al país y oprimido al pueblo es prioridad. Se debe lograr de forma real que la paz sea producto de la justicia, es importante reconocer que la única fuerza legítima es la del estado. 

De manera primordial hacer hincapié en disminuir la pobreza, el rezago y la marginación social, así como en generar oportunidades para los grupos más vulnerables. Hay que dignificar la vida de miles de familias y lograr que menos personas incursionaran en actividades delictivas y criminales. 

Hacen falta avances institucionales y actualización de la legislación para impactar en beneficio de la paz, no obstante, se estima necesario avanzar más e implementar una eficaz estrategia preventiva, de procuración e impartición de justicia, de erradicación de la corrupción e impunidad y de fortalecimiento efectivo de las instituciones de seguridad pública en estados y municipios, que en alto grado están afectados por la delincuencia organizada.

Nos corresponde instaurar la paz

Ha sido difícil avanzar, todavía hay muchas personas y comunidades prisioneras del odio, encerradas en prejuicios que impiden facilitar la pacificación nacional. Apremia autoeducarnos para la no-violencia; recuperar disposición para reconstruir y fortalecer la confianza entre comunidades, entre gobierno y gobernados; superar los resentimientos y deseos de venganza entre víctimas y victimarios. Es oportuno y conveniente colaborar a la instauración de una lógica social reconstructiva, de convivencia solidaria y pacífica.

Las y los mexicanos de hoy no elegimos vivir en estas circunstancias, sin embargo, el destino nos ha colocado frente a la magnífica oportunidad de superar, con rectitud de intención, nuestras legítimas diferencias y sumar nuestros talentos para colaborar con el Estado en la solución de este problema colectivo. 

Fomentar valores humanos

En tal propósito, es preciso que fomentemos valores humanos, como comprensión, tolerancia, solidaridad y rectificación, en nuestras familias y comunidades, en las instituciones y órdenes de gobierno, organizaciones sociales y entre quienes generan violencia. Que de manera destacada recurramos al diálogo, porque sin este no hay acceso a la paz. Que privilegiemos nuestras coincidencias y promovamos la participación ciudadana, para vencer con magnanimidad la abstención, el conformismo, la apatía y el pesimismo, que subyacen a nuestros conflictos y desacuerdos; que nos hacen prontos a la discordia, rebelión y disputa, que atrofian la conciencia social. Que alentemos una perspectiva clara de la realidad, voluntad de trabajo en unidad y habilidad para calcular las consecuencias de nuestras decisiones y acciones, evitar que el sacrificio y el dolor de nuestro pueblo estimulen odios y resentimientos. Que haya disposición a la generosidad del perdón, pero no de impunidad; que se aplique la ley con justicia, sin distinciones de ninguna índole; que haya un trato digno e igualitario entre mexicanas y mexicanos; que el gobierno cumpla con su deber de proteger al pueblo, de procurar e impartir justicia dentro del Estado de Derecho. 

Propuesta de una Comisión Especial de Pacificación

La pacificación que el país merece está considerada en los “100 pasos para la Transformación” que la presidenta anunció desde su campaña. Ello justifica que, al inicio de una nueva etapa del gobierno de la república, comprometido con el humanismo mexicano que es pacifista y conciliador, el Congreso Federal haga un esfuerzo de acompañamiento, respaldo y propuestas para facilitar que las instituciones encargadas de brindar seguridad logren mejores resultados. Lograr una eficaz procuración e impartición de justicia, que contribuya al fortalecimiento de la cohesión social y a la generación de confianza exterior para fortalecer y aprovechar las relaciones productivas de México.

Es pertinente que la Cámara de Diputados integre una Comisión Especial para la Pacificación y Reconciliación Nacional. Misma que, desde una lógica y filosofía distintas, aunque complementarias, a las que orientan la acción de las instituciones de seguridad y de defensa, detone un proceso de análisis y propuestas que contribuyan a fortalecer nuestra convivencia armónica y ordenada. 

OBJETO

Contribuir a construir una conciencia social pacífica, a preservar y fortalecer la gobernabilidad del país y a que éste transite hacia la instauración de una época de unidad y paz sostenibles, que nos permitan vivir con tranquilidad, dignidad humana y armonía social, en condiciones de prosperidad, mayor bienestar y ejercicio pleno de nuestros derechos.

Para ello, la Comisión Especial de Pacificación y Reconciliación Nacional, con respeto a la pluralidad y a la diversidad social, convocará a representantes de los tres órdenes de gobierno, de los sectores productivos, medios de comunicación, partidos políticos, organizaciones sociales, instituciones educativas, asociaciones religiosas, entidades de derecho público, así como a líderes comunitarios y académicos, para que participen en un proceso de diálogo, deliberación, reflexión y concertación, que genere por consenso una agenda de acciones para la ejecución de las siguientes:

TAREAS RECTORAS

• Promover una cultura de paz, legalidad, destierro de la corrupción y mejora del comportamiento social, desde el reconocimiento de la primacía de la persona humana y de sus derechos fundamentales;
• Ayudar a unir y a coordinar las propuestas y esfuerzos dispersos de la sociedad civil y de los órganos del Estado en una agenda común de paz que fomente la vivencia de valores morales y espirituales;
• Acompañar la agenda legislativa de mujeres, así como de la diversidad, y contribuir con los programas de gobierno para su protección y empoderamiento;
• Mediar en conflictos sociales y en los que se dan entre comunidades que padecen o propician violencia;
• Generar alternativas de empleo legal que inhiban el reclutamiento a empleos ofrecidos por grupos delictivos;
• Potenciar programas que ayuden a la rehabilitación de personas privadas de la libertad para lograr su reinserción social colaborativa y productiva; 
• Propiciar que los Congresos federal y locales realicen reformas legales que contribuyan a la pacificación nacional;
• Realizar foros y conversatorios de diálogo concertación en todos los ámbitos, que fomenten la reconciliación comunitaria y la confianza entre sociedad y gobierno;
• Colaborar con propuestas para que las instituciones de seguridad pública, con la participación de organizaciones sociales, instrumenten acciones de prevención de riesgos;
• Incentivar la implementación de programas de protección y asistencia legal a las víctimas de violencia, a las familias y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas;
• Impulsar la justa y prudente aplicación de la Ley de Amnistía a miembros de las comunidades de pueblos indígenas y afro mexicanos, así como a personas que, estando sujetas a un proceso judicial o que hayan sido sentenciadas, estén dispuestas a contribuir con el Estado en beneficio de la seguridad y la paz;
• Promover que los órganos del Estado implementen programas para la inclusión social, el respeto a la pluralidad política y étnica, así como a la multiculturalidad y equidad entre los géneros; 
• Elaborar y compartir propuestas de reconstrucción y sustentabilidad del tejido social desde el núcleo familiar;
• Proponer a las instituciones de gobierno, implementar programas focalizados de desarme y desmovilización de grupos violentos; 
• Promover iniciativas de ley, actualización normativa y programas de gobierno con perspectiva de justicia transicional; 
• Contribuir con los tres órdenes de gobierno a mejorar la Seguridad Humana, que implica garantizar para la población acceso a la alimentación, educación, servicios de salud, trabajo, vivienda digna, tecnología y cultura; en un medio ambiente sano, con un entorno seguro para la salvaguarda de las personas y de su patrimonio; y
• Incluir a los pueblos y comunidades indígenas, afro mexicanas y marginadas, así como a los grupos vulnerables, en todos los programas, proyectos y procesos de pacificación y reconciliación.
• Proporcionar alternativas de solución para construir políticas públicas locales que coadyuven a la erradicación de la violencia en todas sus manifestaciones.

IMPACTO ESPERADO

Con el desempeño de la Comisión Especial de Pacificación y Reconciliación Nacional, se espera impactar, entre otros propósitos, en los que a continuación se mencionan:

Reforzar la gobernabilidad y seguridad interior, Aminorar la violencia y la propensión social al delito, desmovilizar grupos armados no gubernamentales, avanzar en el empoderamiento y protección de las mujeres en todos los ámbitos y comunidades, aumentar la confianza, el diálogo social y participación ciudadana con las autoridades, contribuir a disminuir la pobreza y la desigualdad económica, reducir la producción, distribución y consumo de drogas, inhibir la injerencia de grupos criminales en actividades políticas y su participación en partidos políticos, disminuir la guerra sintética entre grupos del crimen organizado, alimentar un sistema de inteligencia con directriz de desarrollo, además de defensa, ayudar al mejoramiento de la Seguridad Humana, coadyuvar a generar confianza para la relocalización en el país de cadenas productivas, fomentar la cultura de la denuncia como un deber de participación ciudadana y que las instituciones de procuración de justicia las atiendan y resuelvan y capacitar líderes sociales en la filosofía de la no-violencia y la resolución pacífica de conflictos.

Lucia Fornelli Lopez, CEO Usecnetwork / Extractos del documento Presentado por el Dr. Manuel Espino B.