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Por: Moisés Villaverde Mier
Los gobiernos digitales son uno de los grandes pendientes de la agenda de políticas públicas, no solo en México sino en nuestro continente. Teorizando sobre lo escrito por Michael Barzelay y Babak Armajani en su libro “Atravesando la Burocracia” publicado en 1988 ya se hablaba sobre cambiar el enfoque público burocrático a una administración basada en resultados, aún más importante, concentrada en el cliente ¿quién es el cliente? El ciudadano.
Sin profundizar más en la vasta literatura escrita sobre gobiernos digitales y la burocracia moderna, enfrentamos una asincronía con la era digital en la que vivimos. Hoy en día millones de mexicanos han entregado libremente su identidad a decenas de empresas para gestionar la adquisición de bienes y/o servicios, o simplemente ser parte de las benditas redes sociales. Según estudios recientes publicados por Centro México Digital, el nivel de penetración de teléfonos inteligentes es del 81.7%, deviniendo en que la mayoría de la población puede acceder sencillamente a trámites simplificados evitando traslados innecesarios, incrementando el costo-eficiencia de su tiempo y obteniendo una mayor satisfacción. Del lado del gobierno, sin duda se genera una disminución del gasto corriente en insumos, espacios y tiempo. Una evidente ecuación de ganar-ganar para todos, aquí la cuestión que debe asaltar a cualquiera es ¿por qué no se ha hecho?
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Cualquier organización por naturaleza es compleja, las burocráticas aún más complejas. Desde hace décadas el gobierno acumula cientos de documentos físicos y expedientes interminables por trámite-ciudadano, aunado a requisitos que certifiquen su legalidad, sin menoscabo de las parcelas de poder que se vuelven barreras naturales que impiden la transversalidad de las dependencias y su interoperabilidad. Técnicamente hablando, debe realizarse un diagnóstico profundo de las cargas presupuestales, la fusión de infraestructura de las TIC aisladas que representen una duplicidad del gasto, la reorientación de burocracia especializada para el desarrollo y/o soporte de software e imperativamente un esquema de ciberseguridad que de certeza del manejo de los datos personales.
Los ciudadanos por nuestra parte debemos entender que nadie escapa de la identidad digital y que si le hemos confiado eso a terceros privados no nacionales debemos de dar un voto de confianza al Estado mexicano.
Recientemente la virtual presidenta electa de México presentó un bosquejo de lo que será su política digital, el cual va encaminado en esta tendencia de lo que se ha descrito en el artículo. Según una publicación de agosto de 2023 de Forbes México se redujeron los trámites de 2,100 a 530 en la Ciudad de México, lo cual es un avance mayúsculo de simplificación. La evaluación del ciudadano siempre será el rasero final del que hay que salir bien librado. El reto no es minúsculo, más, sin embargo, es ineludible. Y que esté en la agenda pública es ganancia para todos.