Mtro. Moisés Arturo Villaverde Mier
La crisis del derecho a la identidad
La digitalización de los servicios públicos es una tendencia global que busca mejorar la eficiencia, la transparencia, la participación y la inclusión de los ciudadanos en la gestión pública. Los gobiernos digitales se basan en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para ofrecer servicios más accesibles, personalizados y seguros a los usuarios, así como para optimizar los procesos internos, reducir los costos y fomentar la innovación.
La idea central para crear este espacio y artículos de opinión es poder analizar el proceso de los gobiernos digitales en México, considerando el contexto nacional, los avances y los desafíos que enfrenta el país en esta materia. Al tiempo, de poder comparar la situación de México con la de otros países que han liderado o implementado exitosamente iniciativas de gobierno digital.
Finalmente, se debe abordar el tema de la cédula de identidad nacional, un elemento clave para la identificación y la interoperabilidad de los servicios digitales como parte toral del derecho a la identidad, más allá de los tintes políticos, hoy existen casi 39 millones de mexicanos menores de 18 años (equivalente al 29.8% de la población total) que no poseen biométricos o algún tipo de registro que permita su fácil y sencilla identificación, deviniendo en miles de problemas a menores de edad dejándolos en un estado de vulnerabilidad.
Si bien es cierto, debe reconocerse que existen diversos esfuerzos, muchos de ellos dignos de mención, aunque no hemos logrado amalgamar éstos en función de un objetivo nacional común. Tal es el caso del nuevo pasaporte, única identidad con fotografía disponible para menores de edad, donde desconocemos cuantos han sido emitidos para menores, podemos inferir que en su mayoría son población de clase media media-alta en condiciones de viajar. En este nuevo pasaporte se tienen registradas las fotografías de los padres y el menor de edad lo que representa un gran avance. Este esfuerzo debería ser retomado por la RENAPO para el resto de la población que no tiene las condiciones económicas para realizar el pago de derecho del pasaporte. Es evidente que el pasaporte se vuelve un privilegio y no un derecho, lo que nos lleva de vuelta al derecho a la identidad y la protección a los menores de edad, así como su propia y correcta identificación en diferentes puntos del país que debería de ser algo usual.
Lo anterior tiene un ejemplo claro en lo que vivimos la gran mayoría de mexicanos que poseemos una credencial para votar con fotografía, donde estamos limitados para su verificación a quienes hoy poseen un acuerdo de consulta con el Instituto Nacional Electoral, en su mayoría instituciones bancarias y/o crediticias, la credencial posee la tecnología necesaria con un código doble de QR para ser consultable mediante dispositivos móviles, por alguna razón este aplicativo no está disponible para uso masivo de todas las instituciones que lo requieran.
Esta crisis de identidad física y digital podría representar uno de los retos más importantes por superar para detonar una política pública digital más integral, incluyente y eficaz que atienda a lo definido como digitalización en el primer párrafo de este artículo.
La motivación de comenzar esta serie de artículos sobre los procesos de digitalización en México con la crisis de identidad obedece, a que independientemente de los niveles de digitalización de los 3 órdenes de gobierno y los grandes avances realizados por algunas dependencias, existe una crisis de identidad que es un derecho donde pareciera que lo político se impuso a lo digital. La prueba de ello es que México es uno de los pocos países de América que no posee una cédula de identidad nacional contra una Estonia que innovó en 2002 con su identidad electrónica, en 2007 introduce su sistema móvil de identidad y en 2017 su identificación inteligente.
Debemos de admitir que la tecnología está disponible desde hace mucho, también podemos afirmar que Estonia tiene una densidad demográfica y territorial mucho menor a la de México; aunque resulta ineludible admitir también que existe la falta de un consenso nacional, una política pública única digital y la asimilación de los avances tecnológicos; donde todo ha sido superado por el disenso político desde hace varios años sin distingo partidista desde las diferentes instituciones rectoras en los diferentes órdenes de gobierno.