FASP, FOFISP, FORTAMUN, más de 37 mil millones de pesos anuales para seguridad, ¿en qué y cómo se invierte?

En el mes de febrero terminaron las concertaciones de recursos federales ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para las 32 entidades federativas. Esto se puede resumir como el proceso de presentación, negociación y autorización para financiar con cargo al presupuesto federal, las propuestas de inversión en materia de seguridad pública, procuración de justicia y reinserción social de los estados y municipios beneficiados.

Los montos de actuación, es decir, el presupuesto autorizado para gastar en proyectos de seguridad este año, es superior a los treinta y siete mil millones de pesos; correspondiente al presupuesto conjunto de FASP y FOFISP, más el 20% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN); cuyo monto total aprobado por la Cámara de Diputados para el presente ejercicio fiscal es de $116,967,047,652.00 pesos.

Tabla 1 – Fondos federales para la seguridad pública de entidades federativas y municipios beneficiados, 2024

Fuente: elaboración propia con dados de https://www.dof.gob.mx/ (DOF:16/01/2024, DOF: 15/12/2023 y DOF:22/12/2023)

Ahora bien, teniendo en cuenta los montos anteriores, lo que realmente interesa saber es en qué y cómo se invierte o gasta. Para tener una primera respuesta, tenemos que irnos a las reglas de operación de cada fondo y a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad, particularmente a los de su Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de diciembre de 2023.

En cuanto al FASP y al FOFISP, la premisa principal es que dichos fondos se ejerzan en proyectos alineados a los 5 ejes estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se orienten a los Programas con Prioridad Nacional:

Tabla 2 – Ejes estratégicos y Programas con Prioridad Nacional

Fuente: https://www.dof.gob.mx/ (DOF:23/12/2022)

Con respecto al 20% del FORTAMUN, las reglas de operación, criterios de aplicación y mecanismos de supervisión siguen siendo bastante ambiguos y sujetos de interpretación. De manera que es difícil a día de hoy estandarizar y optimizar a nivel nacional el uso del mismo. Adicional a ello, la mayor parte se sigue destinando a cubrir el gasto corriente de las policías municipales, es decir, sueldos y salarios principalmente, gasolina, mantenimiento vehicular, servicios básicos, alimentos… Por lo que queda poco margen para invertir en proyectos de mejora, profesionalización y desarrollo institucional, que mucha falta hace.

En cuanto a las instituciones estatales de seguridad pública, procuración de justicia y sistema penitenciario, la mayor parte de su gasto corriente lo cubren con cargo al presupuesto autorizado por sus congresos locales. Sobre el cual, en términos generales, aplica la regla del 80-20. Es decir, 80% de dicho presupuesto se destina a gasto corriente y 20% a inversión.

Teniendo en cuenta lo anterior, hace falta saber si el presupuesto disponible es mucho o poco, por lo que podríamos hacer el siguiente análisis específicamente para el caso de las policías estatales. De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2023 del INEGI, el presupuesto ejercido por las instituciones de seguridad pública estatales fue de $102,958 228,028.00 pesos. Es decir, más de 11 veces el monto de la aportación federal del presupuesto FASP autorizado para el ejercicio 2024. Lo cual, significa que por cada peso de origen federal para gasto de las policías estatales, la entidad federativa aporta 11 pesos más.

Si regresamos a la regla del 80-20, de los 102 mil millones de pesos ejercidos, cerca de 80 mil millones de pesos se estarían destinando a gasto corriente y 20 mil millones a proyectos de inversión. Por lo que, teniendo en consideración el monto de financiación conjunta para el FASP 2024, es decir, los 11 mil quinientos millones de pesos, aún se “tiene que cubrir” con presupuesto estatal cerca del 50% del monto requerido para proyectos de inversión.

Viéndolo desde otra perspectiva, podemos analizar si el presupuesto FASP al menos cubre los montos requeridos en términos de vestuario, equipamiento personal, capacitación, certificación y adquisición de patrullas. Es decir, los elementos mínimos para la prestación de servicios de vigilancia preventiva y reacción policial, que se enmarcan en el Programa II con Prioridad Nacional. Para ello, tomamos nuevamente al Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2023 del INEGI, el cual nos indica que en el ejercicio 2023 había 180,588 personas adscritas a corporaciones policiales estatales, de las cuales: 38,816 hacían labores administrativas y de apoyo, y 141,772 son policías u “operativos” de acuerdo a su adscripción y funciones. 

Mientras que por otro lado, al tomar costos de referencia de diversos Anexos Técnicos de los proyectos FASP 2022 y 2023, se puede estimar que para cubrir los elementos mínimos señalados más arriba, se estaría requiriendo alrededor de 9 mil 300 millones de pesos anualmente, es decir, 81% del presupuesto FASP, no solo de seguridad pública sino de todas las instituciones beneficiadas. De manera que con el diferencial, poco más de 2 mil millones de pesos, se tendrían que estar cubriendo los proyectos enmarcados en los otros 7 Programas con Prioridad Nacional tanto para seguridad pública, como fiscalías y sistema penitenciario.

Tabla 3 – Análisis de costos por concepto de gasto para el personal operativo de seguridad pública para el Programa con Prioridad Nacional II

Fuente: elaboración propia con dados de INEGI y del SESNSP

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspe/2023/doc/cnspe_2023_resultados.pdf

Como resultado del análisis anterior, se podría argumentar que los montos presupuestales de origen federal, no son suficientes para cubrir los Programas con Prioridad Nacional que el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública mandata, ya que las entidades federativas tienen que aportar de sus presupuestos estatales u otras fuentes de financiamiento, más de 10 veces lo que les aporta la federación a través de estos fondos, para cubrir la operación de sus instituciones de seguridad.

En este punto, cabría preguntarse lo siguiente: ¿Si el fondo FASP apenas da para cubrir lo mínimo que requieren las policías preventivas, como se pretende que cumplan con los requerimientos del resto de áreas técnicas del SESNSP que coordinan los demás Programas con Prioridad Nacional? Como, por ejemplo, la necesidad de tener una disponibilidad del 95% en cada sitio de la Red de Radiocomunicación de la Entidad Federativa que pide el CNI, instalar, poner en operación y mantener al 100% los sistemas de inhibición en todos los centros penitenciarios, como lo enuncia el área Prevención y Readaptación Social o bien, se creen y profesionalicen las Fiscalías Especializadas en Investigación y Búsqueda de Personas en los términos que estipula la FGR, por mencionar algunas áreas.

Lo anterior, es relevante no solo para resaltar lo que ya se sabía desde antes, no hay dinero que alcance en materia de seguridad, sino para algo más determinante. Dada la complejidad del propio SNSP, la escasa regulación y la carencia generalizada de doctrina policial en las instituciones estatales y municipales, el otorgamiento de recursos financieros es un instrumento valiosísimo para impulsar a los estados y municipios a cumplir con sus obligaciones constitucionales en la materia. De manera que habría que empezar a repensar cómo articular, reglamentar, canalizar, ejercer, supervisar y transparentar el presupuesto que se destina a los aparatos de seguridad, si es que de verdad se pretende fortalecer las instituciones locales, como ahora se pregona en tiempos de campañas electorales. Para ello, algunas ideas:

1. El FASP y el FOFISP, si bien no cuentan con los mecanismos idóneos para su gestión, sí que contienen reglas claras de presupuestación, ejecución y control del gasto. De manera que habría que reforzar en sus reglas de operación, las metodologías de planeación estratégica mediante mecanismos de diagnóstico y planeación local, como complemento a los Programas de Prioridad Nacional.

2. Siguiendo la argumentación del punto anterior, se podría aprovechar la dinámica que ya existe y está bien socializada a nivel nacional en torno al ejercicio del FASP, para incrementar sustancialmente los montos de actuación o bien “encarrilar” bajo la misma normativa y reglas de operación el 20% del FORTAMUN comprometido a la seguridad. Con ello, se disminuiría sustancialmente el manejo discrecional del presupuesto y las ocurrencias políticas de invertir en “lo que se vea” no en “lo que se requiere”. 

3. El Secretariado Ejecutivo del SNSP cuenta con las atribuciones y estructura suficientes para operar más y mejores mecanismos de gestión presupuestal, que garanticen que el poco o mucho presupuesto disponible, se utilice y se utilice bien. Considero que en vez de reducir su actividad al mínimo como se ha hecho en los últimos años, se le debería de empoderar como actor principal en la articulación de las estrategias de fortalecimiento institucional a nivel local.

JUAN CARLOS PENICHE PAYÉN 

Maestro en Seguridad Pública por la Escuela de 

Posgrados de la Policía Nacional de Colombia. 

Director General de NIMBUS SECURE SOFTWARE SOLUTIONS y ESPOL MÉXICO