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En México, desde diferentes trincheras, se ha recalcado reiteradamente la necesidad de estructurar nuevos mecanismos de gestión pública de la seguridad ciudadana que verdaderamente generen un cambio en la manera en que se aborda y atiende el problema de inseguridad generalizada que existe a lo largo y ancho del territorio nacional.
En el contexto latinoamericano, países como Colombia o Chile han sido capaces de generar esquemas de colaboración académico-institucionales entre entidades gubernamentales, centros universitarios, organismos especializados y cuerpos policiales, que ha tenido como resultado, la formulación de estrategias de seguridad desde una visión metodológica-científica, basadas en evidencia e implementadas rigurosamente a través de herramientas de policía debidamente articuladas en las instituciones de seguridad y fuerzas del orden.
En el caso de México, tal como lo he mencionado en otros espacios, uno de los principales problemas en materia de planeación estratégica y gestión pública de la seguridad, radica en la escasa o nula rigurosidad metódica para la identificación y caracterización de las problemáticas sociales desde la mayoría de las instituciones policiales locales. Lo que trae como consecuencia planes, programas, proyectos y acciones de poco o nulo impacto en los objetivos estratégicos y metas definidas previamente.
Un ejemplo de lo anterior, lo podemos ver en la mecánica que año tras año se repite para el ejercicio de los fondos de seguridad pública federales y los programas de prioridad nacional, es decir, el FASP[1] y el FOFISP[2] de reciente creación en sustitución del FORTASEG[3]. Estos fondos carecen de instrumentos normalizados a nivel nacional que permitan recoger, diagnosticar e impactar desde lo local; es decir desde las policías estatales y municipales principalmente, las problemáticas y necesidades específicas a atender mediante la realización de proyectos financiados con cargo a los mismos.
Para dar cumplimiento al ámbito administrativo y normativo, existen ciertas reglas de operación sobre las cuales se planifica, estructura, desarrolla, ejerce, supervisa y audita el ejercicio del gasto del FASP y FOFISP; lo cual no digo que sea inadecuado. Sin embargo, no es suficiente para alcanzar los objetivos formulados tanto en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública como en las estrategias sectoriales estatales y municipales. Como tampoco permite atender de manera efectiva las problemáticas focales y diferenciadas que existen a lo largo del territorio mexicano con una visión a largo plazo.
Desde hace varios años, he tenido la fortuna de conocer de cerca diferentes ámbitos de actuación de la Policía Nacional de Colombia la cual es, sin lugar a duda, mi principal referente policial en Latinoamérica. Para este espacio, lo que quisiera resaltar de dicha institución es su estrategia de “Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC)”, creados a partir de la Ley 62 de 1993; los cuales
son el principal instrumento de planeación en materia de seguridad y convivencia ciudadana y constituyen, en el contexto actual, un instrumento a través del cual se puede implementar la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PNSCC) en los municipios y departamentos de Colombia[4].
En pocas palabras, un PISCC es un documento de planeación para uso en los distintos niveles de gobierno (departamentos, distritos especiales y municipios), que contiene las estrategias, líneas de acción, programas y proyectos cuyo fin sea solucionar los problemas de violencia, delincuencia, crimen e inseguridad que afectan a la sociedad. Además, he aquí lo más relevante, sirven como insumo fundamental para determinar las inversiones que se realizarán en materia de seguridad y convivencia ciudadana desde una visión integradora de actores y sectores intervinientes.
Ahora bien, si el concepto de PSICC convence, podríamos plantearnos lo siguiente: ¿Cómo se podría articular una estrategia de planeación similar a los PISCC colombianos en México?
La respuesta, como siempre, depende de qué tanta voluntad política exista en el Sistema Nacional de Seguridad Pública para hacerlo un instrumento vinculante. Para empezar, a continuación van algunas propuestas que podrían realizarse a muy corto plazo:
1. A día de hoy existe un paraguas normativo y regulatorio que da las atribuciones y competencias necesarias a los diferentes actores involucrados para poder estructurar un mecanismo como los PISCC, principalmente a través del SESNSP como órgano rector. No obstante, construir una guía metodológica de obligado cumplimiento a nivel nacional, como la que se señala en el pie de página para el caso colombiano, podría ser fácilmente un proyecto a desarrollar por el propio SESNSP sin un desembolso presupuestal importante.
2. En las reglas de operación del FASP y del FOFISP, podría incorporarse la obligatoriedad de llevar a cabo “Planes Integrales de Seguridad Local”, o como quieran llamarles, que sirvan de instrumentos de planeación y acceso a los fondos distribuibles. De manera que, para que los estados puedan llegar a las mesas de concertación anual de dichos fondos, previamente en sus respectivos estados, deban articular, desarrollar, alinear y validar estos documentos de planeación como preámbulo al proceso de concertación y a partir de ellos, desarrollar los proyectos de inversión y cumplimentar la estructura programática del fondo en cuestión.
3. En la mayoría de los estados y municipios, el único instrumento de planeación estratégica en materia de seguridad es el Plan de Desarrollo. Por lo que definir y articular estrategias operativo-policiales que tengan impacto en los objetivos y metas del Plan de Desarrollo, se vuelve complejo y subjetivo. Un instrumento como el que se propone en estas líneas, permitiría poder generar indicadores tanto de gestión como de impacto, que midan de manera efectiva el avance en los planes de desarrollo, en las políticas de seguridad en general y que, a su vez, sirvan de referencia para las administraciones siguientes sin necesidad de generar nuevos e interminables diagnósticos iniciales. Lo anterior, permitiría transitar de una lógica de trabajo sectorial (individual), a otra basada en la gobernanza de la seguridad y la visión compartida de las problemáticas y comportamientos que alteran la convivencia a nivel local.
JUAN CARLOS PENICHE PAYÉN
Maestro en Seguridad Pública por la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional de Colombia, Título de Especialista en Dirección Internacional de Proyectos (ESCP-Europe), Licenciado en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Consultor en materia de desarrollo organizacional policial y servicio profesional de carrera policial en México. Director General de NIMBUS SECURE SOFTWARE SOLUTIONS y ESPOL MÉXICO.
[1] FASP: Fondo de aportaciones a la Seguridad Pública. El monto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023, fue de $ 8,778,067,869.00 (ocho mil millones, setecientos setenta y ocho mil, sesenta y siete pesos 00/100 M.N.)
[2] FOFISP: fondo para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública. El monto aprobado en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023, fue de $1,000’000,000.00 (mil millones de pesos 00/100 M.N.)
[3] Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública
[4] Guía metodológica para la elaboración, implementación y seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
– https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Justicia%20Seguridad%20y%20Gobierno/GUIA%20PISCC.pdf
