Nuevos gobiernos, antiguas demandas

La seguridad pública es tema obligado en el proceso de conquista del voto y quizás el más relevante indicador del desempeño de una administración.

Seis entidades estrenarán gobierno tras las elecciones del 5 de junio. Las propuestas de campaña deberán aterrizarse en planes de gobierno y articularse a través de políticas públicas. Muchas promesas lamentablemente serán letra muerta, ya sea por imposibilidad de materializarse debido a factores como el presupuestal o porque simplemente eran estrategias electorales, no de gobierno.

La seguridad pública es tema obligado en el proceso de conquista del voto y quizás el más relevante indicador del desempeño de un gobierno. Una política de seguridad eficaz no es aquella que gane más adeptos al ser planteada, sino la que brinde mejores resultados, aunque no sea popular. Entre popularidad y eficacia existen abismos de diferencia. Ejemplos sobran.

Ejercer la seguridad pública es trabajar por sus causas: prevenir, perseguir e investigar delitos y aplicar sanciones administrativas, no un acto de conexión emotivo-discursiva entre autoridad y sociedad.

Las y los virtuales gobernadores y gobernadoras vencedores del pasado domingo, de acuerdo con información de fuentes abiertas, en materia de seguridad, entre otras cosas, propusieron:

Aguascalientes: “Reforzar la seguridad del estado con arcos de acceso, crear subcomandancias regionales con tecnología de punta e instalar cámaras de seguridad en las vías principales y caminos rurales. Mejorar condiciones de elementos de seguridad, homologar salarios, prestaciones y el acceso a servicios de guardería para sus hijos, así como la creación de una universidad para mejorar su capacitación y la modernización de su equipo e infraestructura”.

Durango: “Mano firme y dura contra la delincuencia y los robos en la región de La Laguna, ante el incremento de delitos como la violación, violencia intrafamiliar y robo de autopartes”.

Hidalgo: “Instauración de un gabinete de seguridad, mismo que estará presidido por el gobernador, la creación de una Universidad Policial y de la Policía Violeta, y el mejoramiento de las condiciones del equipamiento de parque vehicular con el que cuentan los cuerpos de seguridad”.

Oaxaca: “Garantizar la depuración, profesionalización, y fortalecimiento de las policías estatales y municipales, procurando en todo momento garantizarles a las personas integrantes de los cuerpos policiacos salario y trato dignos, pero también el reconocimiento y la respetabilidad de su comunidad.

Quintana Roo: “Atender los orígenes de la violencia y apostar por la prevención del delito”, “combatir la delincuencia desde antes de que sea una opción para los jóvenes”, siguiendo la misma narrativa del presidente López Obrador.

Tamaulipas: “Establecer un modelo regionalizado con una plena coordinación entre los poderes del estado, para prevenir los delitos y mejorar la procuración y administración de justicia, apoyados en alta tecnología y con una fuerza policial bien capacitada y remunerada, que todos los activos cuenten con la certificación única policial (CUP)”.

Propuestas tan loables como repetidas en el tiempo; buenas intenciones que, sin respaldo presupuestal y compromiso político,

alimentarán las campañas de sus opositores en el próximo proceso electoral. A la luz de discursos, propuestas y el desdén por el pasado, habrá pues nuevos gobiernos y, en materia de seguridad, antiguas demandas y, sin duda, flamantes ocurrencias.

Manelich Castilla, El Heraldo de México