El 12 de noviembre de 1997, la Conferencia General de la UNESCO adoptó la Resolución 29 “Condena de la violencia contra los periodistas” invitando a reprobar el asesinato y cualquier violencia física contra los periodistas como un crimen contra la sociedad, ya que coarta la libertad de expresión y, en consecuencia, los demás derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos e instar a las autoridades competentes a cumplir con su deber de prevenir, investigar y sancionar tales delitos y reparar sus consecuencias.
Acorde a la agencia Free Press Unlimited, cada semana muere un periodista. Ellos aseguran que “matar la verdad” es uno de los crímenes más seguros del mundo, ya que, en ocho de cada diez casos, los asesinos quedan libres.
Periodistas de todo el planeta son hostigados, arrestados, secuestrados y asesinados por hacer su trabajo: encontrar la verdad. Impulsada por la falta de voluntad política y la escasa capacidad institucional, esta tendencia letal se ha mantenido constante durante la última década. El investigar, documentar, perseguir la justicia y tratar de crear un mundo más seguro para la verdad conlleva un elevado nivel de distintos peligros potenciales.
En la página web de la UNESCO se registran 1512 asesinatos de periodistas desde 1993 a la fecha. De estos, 139 han ocurrido en México, lo cual nos sitúa en un muy vergonzoso segundo lugar, solamente detrás de Iraq.
Tan solo en lo que va de este 2022, este es el recuento en nuestro país:
José Luis Gamboa Arenas, director del medio digital Inforegio, fue ultimado en Veracruz el 10 de enero.
Margarito Martínez Esquivel, fotoperiodista que colaboraba para distintos medios en Tijuana, fue asesinado a balazos en Baja California el 17 de enero.
Lourdes Maldonado murió balaceada en la puerta de su casa en Tijuana, Baja California el 23 de enero. Paradójicamente, ella había denunciado amenazas de muerte en su contra ante el presidente López Obrador en una conferencia mañanera.
Heber López Vázquez dirigía el sitio Noticias Web. Fue asesinado con arma de fuego el 10 de febrero en Salina Cruz, Oaxaca.
Juan Carlos Muñiz, reportero del medio Testigo Minero, fue ultimado a balazos en el municipio de Fresnillo en Zacatecas el 4 de marzo.
Armando Linares, director del portal Monitor Michoacán, fue asesinado a tiros en Zitácuaro el 15 de marzo.
México se ha vuelto tristemente notorio como uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y esta serie de recientes homicidios destaca la cultura de impunidad que prevalece en el país.
Aunque se puede atribuir el origen de muchos de los asesinatos a grupos delictivos de distinto orden, el pensar que “los malos” son los únicos responsables de estos ataques sería una ingenua descripción engañosa (por decir lo menos). Estos asesinatos son parte de un paisaje de violencia política donde los actores criminales y estatales negocian constantemente por el poder, por lo que matar a un periodista significa callar su voz y enterrar sus investigaciones cuando estas pisan dolorosos callos en las distintas esferas del poder, ya sea legal o criminal.
Las autoridades se han beneficiado de la narrativa que culpa a la delincuencia organizada por la violencia en México, que absuelve al Estado de su papel destacado en proveer seguridad a los periodistas y el derecho de los ciudadanos a la libertad de prensa. Sin embargo, las amenazas contra los trabajadores de los medios no solo provienen de los criminales, también provienen de los propios funcionarios gubernamentales de distintos niveles, no nos hagamos tontos.
POSTDATA – Les comparto una idea muy interesante extraída de una columna de Maite Azuela, publicada en este mismo diario: “¿Qué pasaría si matar a un periodista no lo silenciara, sino que ampliará su voz? Basta revisar las publicaciones que involucran a criminales y/o políticos para tener esos temas entre las líneas de investigación”.
POSTDATA II – No encuentro palabras para describir el horror jurídico y abuso de autoridad en el caso de Alejandra Cuevas Moran, fue encarcelada por un delito que no existe en la legislación mexicana. Y una vez que sea puesta en libertad, ¿así se van a quedar las cosas?
#Libertad Para Alejandra