Usec Network Magazine
Por Mario Ulloa, Especialista en el Desarrollo y Consultoría de Gobierno para SAS Latinoamérica
Los organismos de seguridad y procuración de justicia de América Latina trabajan actualmente en reforzar la confianza de los ciudadanos, al tiempo de combatir efectivamente el crimen y la inseguridad. Ambas tareas no están siendo sencillas. Los altos niveles de criminalidad, la rigidez burocrática, las exigentes demandas ciudadanas, la optimización los recursos, así como tener un control más estricto y transparente de sus operaciones, elevan la presión en dichos organismos y el escrutinio al que están sometidos.
Para responder a estos desafíos, se ha observado que en varios países de la región se recurre a engrosar sus filas y adquirir nuevo equipamiento en un intento en ocasiones desesperado de renovar y modernizar la corporación. Si bien es necesario, muchas de las adiciones sólo logran mejorar temporalmente la percepción de seguridad de las sociedades sin atacar los problemas de raíz. Los políticos y líderes de las instituciones suelen promover fuertemente la adquisición de unidades (patrullas, vehículos tácticos), uniformes y equipo de protección (chalecos antibalas, cascos), equipamiento en general (cámaras personales, radios) y armas, así como la integración de nuevos elementos para tal fin, sin embargo, ¿realmente optimizan la seguridad?
Si bien lo anterior es necesario y abona a este ejercicio de mejora, si no está respaldado por una estrategia institucional integral de seguridad, su efectividad será de corto a mediano plazo. Por tanto, el reto fundamental de las instituciones es crear una política de estado, la cual contemple la prevención del delito, la seguridad pública, la procuración de justicia y la reinserción social.
Colaboración de todas las partes
Una de las tendencias de la agenda política en la región latinoamericana se enfoca en la reinserción social, en la que los infractores cumplen con una condena en los sistemas penitenciarios. Los recursos dedicados al funcionamiento de los centros de readaptación social, así como la manutención de los reclusos, pueden alcanzar niveles estratosféricos, costos que son cubiertos por las finanzas públicas que, a su vez, se obtienen de los impuestos que pagan los ciudadanos.
Desde la perspectiva de expertos en seguridad y autoridades, los recursos económicos deberían direccionarse a la prevención del delito y una vez cometido, a su posible reincidencia, el primer eslabón de la cadena, desde el núcleo familiar y la sociedad. Para ello, es crítica la participación la sociedad civil, el sector empresarial, la academia y, evidentemente, el gobierno.
El camino que cada organización de seguridad siga será único y apegado a sus leyes y costumbres, así como a su marco de acción y sus marcos políticos
