Balance del Poder Legislativo, el Saldo que deja el Año 2020

Ha concluido el primer periodo ordinario del tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura en el Congreso de la Unión. Entramos a la etapa final de su trabajo y a su fase más compleja dada la saturación de pendientes, una agenda altamente influida por los deseos presidenciales, que coincidirá con el proceso electoral del año 2021 en el que se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados, pero con un ingrediente particular, será la primera vez que los diputados federales en funciones podrán buscar su reelección. 

Es el momento propicio para hacer un balance de los avances, los desaciertos y la forma en que deben analizarse los temas polémicos que por el rechazo de diferentes actores fueron pospuestos para discutirse el año que se aproxima. 

1. LOGROS

a) Reforma en materia de Pensiones

La reforma en materia de pensiones fue un logro construido entre el sector privado, trabajadores y gobierno donde por primera vez se puso en el centro de la discusión al trabajador. Destaca el aumento al nivel de ahorro de 6.5% a 15% permitiendo alcanzar una tasa similar a la deseable según estándares internacionales, cuyo costo será absorbido por el sector empresarial en un periodo de 8 años. Lo anterior, con el propósito de que los trabajadores no vean afectados sus ingresos y se beneficien al poder acceder a una pensión mínima garantizada en un periodo más corto, es decir, si cumplen con un mínimo de 750 semanas de cotización, a diferencia de las 1,250 que se requerían antes de la reforma.

La Confederación propuso que la reforma incluyera a los trabajadores independientes quienes, tradicionalmente han sido excluidos de los beneficios de la seguridad social; asimismo, impulsamos la deducibilidad anticipada que podría haber complementado y fortalecido los mecanismos de jubilación. Pese a que ambas propuestas no fueron consideradas, las seguiremos impulsando para que sean incluidas en reformas posteriores. 

Por otra parte, el establecimiento de topes como un mecanismo de control de precios en las comisiones que cobran las administradoras de fondos para el retiro (Afores) nunca fue tema de discusión abordado con el sector privado. Esa modificación reducirá el mercado de competidores y deteriorará la calidad de los productos financieros ofrecidos, con ello se afectarán los beneficios a los ahorros de los trabajadores. Las comisiones no han sido el problema de nuestro sistema pensionario, sino el bajo nivel de ahorro que con esta reforma se espera pueda solucionarse.

b) Reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de Teletrabajo

La reforma regula el teletrabajo y lo define como el desempeño de actividades remuneradas, en lugares distintos al establecimiento del patrón, utilizando primordialmente las tecnologías de la información y comunicación. Las funciones deberán desarrollarse en más del 40% del tiempo en el domicilio de la persona trabajadora, o en el domicilio elegido por ésta; es decir, los trabajos esporádicos u ocasionales no serán considerados en esta figura.

En cualquier tema laboral, hemos manifestado nuestra disposición como sector patronal para ser escuchados, participar en esquemas de parlamento abierto y a coadyuvar con análisis y documentos técnicos que permitan enriquecer los dictámenes. Como ha sido recurrente en la presente Legislatura y respecto a esta reforma, no fuimos escuchados.

La reforma quedó tan amplia que los inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tendrán facultad para acudir a los domicilios de los trabajadores y verificar el cumplimiento de sus funciones, lo que dará la posibilidad de que se presenten actos de corrupción (para no acudir o validar que si están en su domicilio) o incluso, una grave violación a la privacidad de los empleados.

Por otro lado, entre las modificaciones que deberán de hacer las empresas a la entrada en vigor, es incorporar en el contrato individual o colectivo de trabajo un apartado que permita definir claramente las obligaciones de los trabajadores y de los patrones para que ambas partes tengan certeza sobre los horarios, obligaciones y documentos e información entregable.

En lo relacionado con el pago de los servicios de telecomunicación y electricidad, se debe establecer que dichos gastos no formarán parte del salario del trabajador, ni tampoco serán considerados como una prestación laboral, su carácter será el de herramientas de trabajo. Lo anterior, para evitar un pago de impuesto sobre la renta o considerarlo como ingreso para efecto del salario base de cotización ante el IMSS.

Finalmente, el éxito de la reforma dependerá de una correcta verificación por parte de la STPS y del respaldo que brinde el sector patronal. Estamos ante una reforma necesaria, urgente y que estaba pendiente desde 2018 pero que ante el surgimiento de la pandemia se tornó indispensable, sin embargo, se necesitará la colaboración de ambas partes para que se puedan garantizar los derechos laborales y rinda los frutos planteados.

c) Créditos para vivienda sin intermediarios 

La reforma en materia de vivienda para que los derechohabientes puedan recibir sus créditos hipotecarios del INFONAVIT y FOVISSSTE sin intermediarios fue una modificación sustancial que respaldamos y acompañamos. Esto, para que puedan elegir entre la adquisición de una vivienda, adquirir un terreno para la futura edificación de un inmueble o ampliar el que ya adquirieron con su primer crédito.

Los derechohabientes tendrán la posibilidad de incrementar su patrimonio de vivienda, siempre y cuando, cumpla con las condiciones técnicas y cuente con las garantías del valor del inmueble. 

Adicionalmente, provocará mayor competencia en el sistema financiero hipotecario para que los bancos mejoren sus tasas y puedan convencer al trabajador de adquirir los créditos que ofrecen. 

Acompañaremos la reglamentación que emita el Consejo de Administración del INFONAVIT, para salvaguardar en todo momento la estabilidad financiera del Instituto y que los requisitos sean lo más accesibles posibles para que un mayor número de derechohabientes se beneficie de esta reforma.

1. DESACIERTOS

1. Eliminación de fideicomisos

El gobierno federal justificó esta reforma con el pretexto de combatir la corrupción. Durante la discusión legislativa, la Confederación manifestó su rechazo ante la eliminación de 109 fideicomisos sin una revisión profunda a cada uno para determinar cuáles eran opacos o presentaban deficiencias, con el objetivo de mantener aquellos con amplios resultados para sectores vinculados a derechos humanos, ciencia, cultura, deporte, protección civil y medio ambiente. 

Los fideicomisos representaban 68,478 millones de pesos, monto equivalente a casi una décima parte de lo que Pemex perdió solo durante el primer semestre de este año y que, hasta ese momento estaban etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de forma anual. Se desestimaron las opiniones de gobernadores,  especialistas y beneficiarios, una vez que ha sido aprobada la reforma estos ingresos serán manejados de manera discrecional por el Ejecutivo federal en pleno año electoral.

Debido a la forma irreflexiva en que se realizó, se ha comenzado a combatir legalmente esta reforma por lo que están en marcha diversas controversias constitucionales y solicitudes de amparo que provocarán que el dinero no pueda utilizarse hasta que no se resuelvan los recursos legales presentados.

1. Reforma Judicial 

La Reforma Judicial aprobada no fue ampliamente debatida por los sectores involucrados del país, su proceso legislativo violó recomendaciones internacionales y preocupa de forma importante que derive en un escenario de concentración de poder en el Consejo de la Judicatura Federal.

En la Confederación coincidimos con el espíritu que motivó la iniciativa para actualizar el marco normativo del Poder Judicial para fortalecer su legitimidad e independencia. 

Si bien tiene aciertos importantes como lo son el fortalecimiento de la carrera judicial, la profesionalización judicial y de la defensoría pública, la introducción del principio de equidad de género como un factor determinante para la selección de funcionarios judiciales, o el avance en el sistema de precedentes; también contiene fallas que no fueron advertidas durante el proceso legislativo, por ejemplo, no contempló la participación de todos los operadores del sistema de justicia, como son Colegios y Barras de abogados, abogados litigantes y sociedad civil. 

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) podrá ejercer control especial sobre asuntos que considere “sensibles” de forma discrecional. Esto atenta contra el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos que prohíbe los tribunales ad hoc lo cual acentúa la inseguridad jurídica de los justiciables. Además, se elimina la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para re-visar, y en su caso, revocar los acuerdos que apruebe el CJF, y se deposita en ese órgano la decisión final en torno a la designación de Jueces y Magistrados porque, conforme a la reforma, los nombramientos ya no serán revisables.

Se otorgan nuevas facultades a la Suprema Corte y al Consejo de la Judicatura para la emisión de acuerdos generales, lo que podría derivar en una invasión de esferas entre Poder Judicial y Poder Legislativo dadas las imprecisiones de la reforma. Hemos advertido estas serias inconsistencias y lo seguiremos haciendo con el propósito de profundizar los importantes avances que se han tenido desde 1995. No queremos que se dé un solo paso atrás. 

1. Reforma a la Ley de Seguridad Nacional 

Desde COPARMEX coincidimos con el espíritu que dio pie a la reforma pues es preciso brindar certeza jurídica a la actuación de los agentes extranjeros en las labores de la lucha contra en el crimen organizado, así como sus protocolos de actuación, sus operaciones, así como sus entradas y salidas del territorio nacional para que estén siempre apegados al derecho internacional y a los convenios de cooperación bilaterales.

Pero diferimos en que se procesara de forma exprés. La reforma, por lo tanto, genera más dudas que certezas y abona a la desconfianza. Es importante recordar que, para contar con una política de cooperación bilateral eficaz, es necesaria la coordinación entre municipios, entidades federativas y autoridades federales, ya que las relaciones internacionales de México, van más allá de un posicionamiento centralista de su política exterior, ya que la paradiplomacia (entendida como la diplomacia ejercida por los gobiernos locales) y otros mecanismos vigentes de la diplomacia mexicana también juegan un rol importante, particularmente cuando se trata de una relación bilateral tan amplia que incluye, entre otros temas, el combate al terrorismo, al crimen organizado, al tráfico de armas y a la trata de personas.

Por lo anterior, desde COPARMEX advertimos con preocupación que estos cambios pueden tener estos resultados adversos: el debilitamiento de la relación bilateral y el fortalecimiento de la delincuencia organizada gracias a la centralización de la coordinación con agentes extranjeros, la posible filtración de información clasificada, la erosión en la confianza entre autoridades mexicanas y estadounidenses, e incluso que se realicen operaciones de forma clandestina en territorio nacional al margen de las leyes mexicanas. La relación bilateral en materia de seguridad se ha construido por décadas, no podemos permitir que se vulnere en poco tiempo.

1. TEMAS PENDIENTES

a) Ley del Banco de México

Las reformas a la ley del Banco de México necesitan de un serio y profundo análisis por sus implicaciones, sobre todo, porque tiene el potencial de generar incertidumbre y vulnerar la reputación de nuestro banco central frente a los mercados internacionales y poner en riesgo al sistema financiero mexicano. Reconocemos la apertura de la Cámara de Diputados para posponer su discusión para el próximo periodo ordinario de sesiones.

Se ha previsto la creación de una Comisión Bicameral para trabajar durante las primeras semanas de enero en la elaboración de un dictamen que permita mantener la autonomía de Banxico sin afectar la legalidad de las reservas internacionales, incluyendo las opiniones de los sectores involucrados. Confiamos en que este ejercicio de deliberación se realice de forma responsable, ya que preservar la autonomía y credibilidad de Banxico ha sido una de las grandes metas por las que se ha pronunciado la Confederación.

b) Ley Orgánica de la Fiscalía General 

La iniciativa para expedir una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República será analizada en un periodo extraordinario a celebrarse el próximo 15 de enero. Representa una regresión a las épocas más autoritarias, donde el Procurador rendía cuentas al Presidente sin ningún tipo de control ciudadano. Centraliza facultades y convierte a la Fiscalía en un ente opaco. 

Faculta a los elementos de la Guardia Nacional para que puedan realizar actividades de investigación, elimina los supuestos de competencia federal para investigar los delitos de tortura y desaparición forzada y particularmente saca a la Fiscalía del Sistema Nacional de Búsqueda sin entender la crisis que atraviesa nuestro país. 

Es importante aplazar su discusión para escuchar a los sectores involucrados, es específico a especialistas, sociedad civil y a familiares de víctimas. No sirve de nada tener fiscalías sin autonomía y con nombramientos que dependan del Poder Ejecutivo. Nuestro país demanda un verdadero diálogo que permita fortalecer la procuración de justicia y articular las capacidades del Estado para lograr mejores resultados en favor de la verdad, poniendo en el centro de atención a los ciudadanos y no a los intereses de índole política. 

c) Consejo Fiscal Independiente

La creación de un Consejo Fiscal Independiente ha sido una propuesta impulsada por la Confederación desde 2017. En este periodo ordinario, se aprobó una figura similar denominada “Instituto de Estudios de la Hacienda Pública” que consideramos cumple con requisitos mínimos pero no cuenta con la total autonomía que un órgano de esta magnitud debe tener. 

Necesitamos un organismo con plena autonomía que pueda elaborar su propio programa anual de trabajo y cuente con un blindaje en contra de cualquier intervención de naturaleza política para garantizar su independencia, tal y como ocurre en el 90% de los Consejos Fiscales del mundo. 

Deben dársele atribuciones para evaluar la política fiscal, incluyendo su planeación y desempeño; la elaboración o evaluación de las estimaciones macroeconómicas y presupuestarias; el monitoreo del cumplimiento de las reglas fiscales, y desde luego, el análisis de la sostenibilidad de la política fiscal.

Seguiremos impulsando nuestra propuesta presentada en noviembre de 2018 a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas Cámaras del Congreso de la Unión y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados; vigilaremos de cerca la conformación de la estructura orgánica de este Instituto y así como el proceso de selección de los candidatos a formar parte de él para que se realice a través de un mecanismo transparente donde participen ciudadanos expertos para que se aporten soluciones e ideas novedosas para mejorar la hacienda pública de los tres órdenes de gobierno.

d) Subcontratación

Según datos del Censo Económico 2019, hay 4.1 millones de personas ocupadas en este país bajo esta modalidad, siendo las industrias manufactureras las que concentran la mayor cantidad con 1.2 millones. 

Nuestro país cuenta de acuerdo con cifras del INEGI difundidas en agosto de 2020 con una tasa de desempleo del 5.2% en el que, además, la informalidad supera a la de cualquier otro Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con 55.1%.

Por tal motivo, mantener vigente y adecuadamente regulada la subcontratación es clave para incrementar la competitividad de nuestra economía y preservar miles de empleos. 

La Confederación reconoce el esfuerzo realizado por el Gobierno federal para conformar un grupo de trabajo interinstitucional integrado por la STPS, IMSS, SAT, INFONAVIT, UIF y PRODECON y para buscar una redacción propicia de la iniciativa presentada que permita combatir y sancionar las prácticas ilegales de esta figura.

Sin embargo, la iniciativa presentada pretende coartar la libertad laboral prohibiendo la subcontratación a pesar de ser una figura utilizada y reconocida en todo el mundo porque fomenta el empleo, protege la economía formal e incentiva la inversión, dando sustento a millones de familias.

Rechazamos cualquier intento que pretenda criminalizar y responsabilizar de forma generalizada a las empresas por conductas ilegales cometidas por una minoría.

Por ello, seguiremos participando activamente en las próximas mesas de trabajo que convoque el Gobierno Federal. Nuestro llamado  es simple, “Regulación si, Prohibición no” se debe respaldar la utilización correcta de esta figura al ser una actividad lícita y que se encuentra regulada en nuestra Ley Federal del Trabajo. 

Una verdadera reforma debe integrarse de forma tripartita, es decir, incluyendo las posturas del gobierno, sindicatos y sector privado con el único fin de proteger y salvaguardar los derechos de los trabajadores sin afectar el crecimiento económico y la competitividad de las empresas, mucho menos, en un momento tan crítico como el que atravesamos.

e) Bloqueo de cuentas

La minuta pendiente en la Cámara de Diputados nos preocupa por la facultad que se le otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que, de forma unilateral, pueda bloquear cuentas bancarias de manera discrecional al considerar que tiene indicios que se trata de personas o actos relacionados con delitos de financiamiento al terrorismo o de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La reforma es inconstitucional al violar los artículos 14 y 16 respecto a la garantía de audiencia, presunción de inocencia y debido proceso que tienen todas las personas para defenderse ante cualquier acto de autoridad que pretende vulnerar sus derechos fundamentales. 

Lo anterior se suma a otras violaciones como al artículo 21 constitucional ya que podría invadir las facultades exclusivas del Ministerio Público al permitirle investigar conductas delictivas. La UIF debe brindar certidumbre y objetividad en los criterios que provocarán la inclusión en la lista de personas bloqueadas, ya que hasta el momento se pretenden establecer facultades discrecionales, ocultas o difusas. 

Seguiremos participando en la conformación de un sistema que combata el lavado de dinero sin violentar las garantías individuales de ciudadanos honestos o se utilice como un mecanismo de persecución política.

IV- CONSIDERACIONES FINALES

Nos encontramos frente a un muy preocupante repunte en los contagios por COVID-19 que ha motivado que en el Valle de México regrese el semáforo rojo y con ello limitaciones a la actividad económica.  El escenario tanto en materia de salud como en el contexto económico es alarmante, hemos advertido con base en los datos del INEGI que si no se apoya a los negocios, en los próximos tres meses 700 mil micro, pequeñas y medianas empresas corren el riesgo de desaparecer y con ellas las fuentes de empleo que generan. 

Por eso, las decisiones que en materia pública se tomen no sólo deben tener altura de miras, sino que deben construirse sobre un amplio consenso social. Están en juego miles de vidas humanas y millones de personas ven peligrar su fuente de ingresos. 

Tras este balance legislativo podemos identificar que ha habido aciertos a lo largo de este 2020, varios a favor de los trabajadores, son casos en que se ha generado una sinergia con el sector empresarial pero, por desgracia, han sido los menos. De manera muy preocupante se advierte la toma de decisiones impuestas unilateralmente por una mayoría parlamentaria irreflexiva e intransigente. También, alarma el uso decorativo de un mecanismo tan importante como es el Parlamento Abierto, en la gran mayoría de los casos ha sido desestimado como la herramienta eficaz que es para enriquecer no sólo la deliberación sino robustecer técnicamente los dictámenes.

Nuestro llamado es a que se legisle con responsabilidad y con sensibilidad, ya que es inadmisible que se haga por motivaciones electoreras, que se antepongan intereses de grupo o facción al interés nacional, y que se promuevan iniciativas de leyes o reformas populistas cuyos daños podrían ser permanentes e implique años su resarcimiento. 

El Gobierno es el principal agente económico, sus decisiones en la materia y la gestión de la pandemia son clave para superar lo más pronto posible y con el menor costo social esta crisis. Desde el sector empresarial le reiteramos a las autoridades y a la sociedad el compromiso de aportar nuestro granito de arena para que el país se recupere y no se pierdan empleos pero requerimos una respuesta solidaria.

La vuelta al semáforo rojo en el Valle de México y las restricciones a la actividad en diversas entidades -ante el repunte en el número de contagios- pueden ser catastróficas si no van acompañadas de medidas de alivio económico. Insistimos en que la solución son los #RemediosSolidarios que hemos propuesto, son viables, esperamos que haya voluntad y sensatez.

En COPARMEX sostenemos que a los mexicanos no nos detiene el virus, por eso  confiamos en que el 2021 será un año en el que el país se una en torno a una causa: que México salga adelante. Nosotros estamos listos.