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El cambio en la ley federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que prohíbe el uso o fabricación de inhibidores de señal de telefonía celular, conocidos como jammers, entró en vigor este sábado.
El decreto de la adición de un artículo a esa ley fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que quien porte estos inhibidores, usados comúnmente en robos a carga, podrán ser detenidos.
A la ley se adicionó el artículo 190 Bis que establece que queda prohibida la fabricación, comercialización, adquisición, así como la instalación, portación, uso y operación de equipos que bloqueen, cancelen o anulen las señales de telefonía celular, radiocomunicación o transmisión de datos o imagen.
Únicamente se permitirá ese tipo de aparatos para el uso y operación por parte de las autoridades encargadas de los centros de reinserción social, establecimientos penitenciarios o centro de internamiento para menores, para evitar llamadas de extorsión.
También estará permitido que las instancias de seguridad pública federales usen estos dispositivos en cumplimiento de sus atribuciones, se lee en el decreto firmado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
La ley establece que se sancionará con pena de 12 a 15 años de prisión a quien fabrique, comercialice, adquiera, instale, porte, use u opere estos equipos.
Advierte que si este delito fuera cometido por servidores públicos, y sin autorización expresa escrita debidamente acreditada por su superior inmediato, se le impondrá la pena de 15 a 18 años de prisión.
