Presentó Prestadero su solicitud económica ante la CNBV para convertirse en una institución de Financiamiento Colectivo de acuerdo con la Ley Fintech

Prestadero, líder en préstamos online de persona a persona en México, presentó su solicitud económica o informal ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el 23 de julio pasado, para convertirse en una Institución de Financiamiento Colectivo de acuerdo con la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, mejor conocida como Ley Fintech.

“La Autorización representa un punto muy importante en la historia de Prestadero, pues no sólo hemos cambiado los créditos en México, sino que la regulación nos brinda un voto de confianza sobre el cambio de una industria,” comentó Gerardo Obregón, Fundador y Director General de Prestadero.com

Prestadero es la empresa con mayor historia en el sector de financiamiento colectivo en México, al constituirse desde abril de 2011. Desde su inicio de operaciones, ha estado cercano a las autoridades abogando por una regulación específica del sector que permitiese dar transparencia a sus usuarios y que fomentase la competencia leal entre plataformas.

Con la solicitud informal, Prestadero espera recibir comentarios de la Autoridad en cuanto a la documentación entregada, para que, en caso de requerir alguna mejora, se pueda realizar para la entrega formal de documentación, que debe de llevarse a cabo a finales de septiembre de este año.

Prestadero se ha apoyado de expertos en la materia y de consultores líderes a nivel mundial para entregar una solicitud de autorización robusta y comprehensiva. Además, ha tenido que realizar cambios a su estructura interna, sus procesos y su seguridad tecnológica.

Obregón comenta que la Autorización no sólo conlleva entrega de documentación, sino que modificó la operación y estructura de la empresa. Algunos de los requisitos relevantes son: contar con Manual Integral de Riesgos, Política de Conflicto de Interés, Manual de Prevención de Lavado de Dinero, Sistema Automatizado de Detección de Operaciones, Política de Divulgación de Riesgos, Política de Separación de Cuentas, Manual de Reclamaciones, Manual de Operaciones, Política de Prevención de Fraudes, presentar un Esquema de Alineación de Incentivos con los inversionistas, presentar la Metodología de Evaluación de Solicitantes, contar con Manual de Seguridad de la Información, presentar un Plan de Negocios con sus proyecciones, contar con Oficial de Cumplimiento y Oficial de Riesgos y Oficial de Seguridad de la Información (Chief Information Security Officer), auditar estados financieros, contar con un capital mínimo, presentar y publicar estados financieros en el portal, contar con infraestructura tecnológica que pueda garantizar la operación y la seguridad, contar con Manual de Cobranza, contar con Manual de Control Interno, presentar toda la información de la sociedad así como de sus accionistas y Consejeros, entre otros requisitos y cambios internos.

“El crédito por Internet representa 38% del crédito total en Estados Unidos y tan sólo 0.4% del mercado de crédito en México. La Autorización permitirá generar la confianza necesaria en los usuarios para que busquen el crédito por Internet como su primera opción y no como una alternativa. El crédito por Internet puede ser más barato, tener mejores condiciones, y ser mucho más conveniente que el crédito de financieras o bancos”, apuntaló Obregón. “Pero ha sido un reto para los usuarios reconocer a empresas serias de créditos online, así que el estar regulados y supervisados como Entidad Financiera abonará a derribar esa barrera de confianza que aún falta en las Fintech mexicanas.”

La regulación también brindará otros beneficios importantes a la industria, ya que permitirá que Entidades Financieras existentes, como bancos, puedan invertir en los créditos que las Fintech publican, o incluso participar como accionistas, fortaleciendo así este tipo de empresas.

Una vez ingresada la solicitud formal, Prestadero estima conseguir su autorización en un plazo de entre 3 y 6 meses según se estipula en la propia Ley, ya que este plazo depende del tiempo de revisión que requiere la CNBV, y en su caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y/o Banco de México.