La seguridad y paz que el Estado nos debe: ¿Qué ocurrió durante la transición?

Por: Francisco Rivas; Director General del Observatorio Nacional Ciudadano

México ha padecido históricamente problemas asociados a la delincuencia, violencia y corrupción. Al menos durante las últimas décadas en el debate público se ha discutido la necesidad de atender estos fenómenos desde sus causas, pues pareciera que únicamente nos hemos enfocado en sus efectos. Es decir, las instituciones del Estado han reaccionado, pero no prevenido y aún menos, mitigado las consecuencias que generan dichos problemas.

Debido a ello, en los últimos dos sexenios, los mexicanos hemos perdido aparentemente la capacidad de asombro y sensibilidad ante actos violentos. Mientras que que simultáneamente le hemos dado seguimiento puntual al incremento de la incidencia delictiva y a su dispersión en diversas regiones del país. Este ejercicio es el reflejo de una auténtica preocupación de la ciudadanía ante los riesgos cotidianos que cualquier persona tiene la probabilidad de padecer en México.

Antes este escenario, no es menor que tratemos de buscar la construcción de políticas públicas que efectivamente resuelvan el problema de seguridad. Desde esta perspectiva, conocer a profundidad los pormenores de las líneas de acción propuestas por las los gobiernos entrantes resulta primordial si queremos ser copartícipes de la pacificación del país. Por esta razón en el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), desde el periodo de intercampañas luego en la campaña electoral y ahora del periodo de transición, nos hemos dado a la tarea de analizar la retórica de los candidatos y de sus equipos de trabajo en materia de seguridad y justicia.

Un ejemplo de este trabajo realizado puede apreciarse en la primera etapa de Por Un México Seguro, que es un proyecto que:

• Reconoce que parte de la solución exitosa del problema de seguridad y justicia debe ejecutarse desde los distintos niveles de gobierno.
• Identifica diversas áreas de política clave en la que se debe trabajar según la competencia de cada autoridad.
• Reúne la información de las propuestas directamente de los candidatos y de sus equipos sin intermediación.
• Analiza las propuestas a partir de criterios homologados mediante cuestionarios remotos.

Justamente por la relevancia que tiene este enfoque dada la coyuntura actual, decidimos dar inicio a la segunda etapa de este proyecto con la revisión preliminar del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. El análisis de los ocho pilares de la estrategia presentada a la luz de los criterios de Por Un México Seguro nos parecía crucial especialmente porque el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y su equipo no contestaron los cuestionarios diseñados. Cabe recordar que en su lugar nos entregaron un discurso pronunciado por el próximo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el cual se explicaba la propuesta de seguridad.

Este ejercicio busca esclarecer aquella información que sea poco clara o ambigua y cons- truir mecanismos de cooperación con las autoridades sobre la base del conocimiento y la información. La experiencia que hemos tenido como sociedad evidencia que la única ma- nera en la cual se podrá resolver el problema de seguridad, es escuchando las voces técnicas y de todo aquel que cuente con información de primera mano que nos permita entender lo que está sucediendo desde la perspectiva local. Desde esta perspectiva, resulta crucial la experiencia de diversos familiares de víctimas que les ha tocado enfrentar cada uno de los obstáculos del engranaje institucional, así como la de organizaciones de la sociedad civil que los han acompañado o que se han dado a la tarea de analizar la crisis que enfrentamos.

De esta manera, en el ONC nos hemos dado a la tarea de recomendar líneas generales de acción que deben formar parte de cualquier plan de seguridad como las siguientes: fortalecimiento y crecimiento del número tanto de efectivos como de profesionales, la depuración de las instituciones civiles de seguridad y justicia, el uso de información para la prevención y reacción, la priorización al combate de ciertos delitos, la reconstrucción del tejido social y la transformación de otras instituciones que coadyuvarán en las labores de seguridad.