Se instituyó formalmente el Organismo de la Red Nacional de UMECAS que se presentó en sección plenaria a mediados de agosto en el Auditorio de la Comisión nacional de Seguridad. Este organismo tiene como objetivo principal conformar al grupo nacional especializado integrado por los titulares de las Unidades de Medidas Cautelares Estatales y de la Federación, con la finalidad de crear una agenda de trabajo donde se compartan las buenas prácticas y se fortalezcan las áreas de oportunidad de estas instancias fundamentales para la debida consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México.
Contaron con la participación de autoridades de distintas entidades y cargos tales como: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Titulares de las UMECAS estatales; Procuraduría General de la República (PGR): Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); Poder Judicial de la Federación, y Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA): Dirección General de Justicia Militar.
Invitados Especiales: Sociedad Civil y ONGs: Red Nacional de Juicios Orales, México Evalúa, México SOS, RENACE y Alto al Secuestro. Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América (INL, US AID, US Marshall)
Instancias internacionales: PROJUSTICIA, Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo (IDLO).
En el Presídium se contó con la participación de Dr. Álvaro Vizcaíno Zamora, Secretario Ejecutivo del Sistema de Nacional de Seguridad Pública; Mtro. Manelich Castilla Craviotto, Comisionado General de la Policía Federal; Mgdo. Juan José Olvera López, Titular de la unidad de implementación del Sistema de Justicia Penal del CJF; Mtra. Sara Irene Herrerías Guerra, Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de PGR; Comisario Mtro. Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, Encargado de la unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso; Mtro. Alejandro Ponce de León, Titular de PROJUSTICIA México USAID.
El objetivo es conformar un grupo nacional especializado e integrado por los titulares de las Unidades en los estados y la Federación. Así como definir una agenda de trabajo donde se compartan las buenas prácticas y se fortalezcan las áreas de oportunidad de estas instancias, fundamentales para la debida consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Homologado de unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, como son: Sistema Penal Acusatorio y Medidas Cautelares, Sistemas de Geolocalización, Marco Jurídico, Objetivos y Alcances de la Red Nacional de UMECAS, Evaluación de Riesgos, Estructura y Funciones de UMECAS, entre otros.
Su misión es transformar el sistema de justicia penal es una de las prioridades nacionales que ha instruido desde el inicio de esta administración el presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto. Una transformación que se refleje no sólo en el rostro de la justicia, sino sobre todo en sus resultados.
Para ello, se materializa la reforma constitucional del 2008, que representó no sólo la exigencia de cumplir con un mandato constitucional, sino también una gran oportunidad de con un andamiaje procesal que actué de forma efectiva, transparente y que proteja los derechos fundamentales tanto de la víctima, como del imputado en condiciones de equilibrio.
Al día de hoy, se cuenta con un sistema de justicia penal con nuevas leyes, nuevas instituciones, nuevos procedimientos, e incluso, nuevos espacios físicos que en suma refrendan el compromiso del Estado Mexicano de trabajar por la justicia, por un país de derechos y libertades, y por supuesto de contar con instituciones que cumplan su razón de ser: servir a la ciudadanía. Dentro de estas nuevas instituciones del sistema de justicia penal de corte acusatorio se encuentran las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, como un nuevo sujeto del procedimiento penal previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales que se regirá por los principios de neutralidad, objetividad, imparcialidad y confidencialidad.
En sus atribuciones se encuentran, la elaboración de un instrumento novedoso que es la evaluación de riesgos de la persona imputada elaborado por personal especializado en la materia. Esta evaluación de riesgos tiene por objeto aportar información de calidad vinculada a los riesgos para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad, así como los peligros de sustracción y obstaculización de la investigación, con el fin de aportarla a las partes del procedimiento penal que podrán utilizarla en la audiencia para discutir mediante sus argumentos la procedencia de una o varias medidas cautelares y que permita a la autoridad judicial determinar su idoneidad y proporcionalidad, aplicando el criterio de mínima intervención.
Los instrumentos que forman parte del modelo son de carácter operativo, por lo anterior se consideran de uso exclusivo de los operadores y serán compartidos con cada una de las Unidades Estatales en su versión electrónica.
Sin lugar a dudas, el funcionamiento de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso se verá enriquecido si existen condiciones mínimas de homologación en las estructuras organizacionales, en los procesos de evaluación de riesgos y supervisión de las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, así como del procesamiento de información.