Un juez de control de la Ciudad de México impuso prisión preventiva oficiosa a tres hombres y cuatro mujeres por su probable participación en el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual.
La fiscal de Investigaciones para la Atención de Delito de Trata de Personas de la Procuraduría General de Justicia, Juana Camila Bautista Rebollar, informó que los detenidos presuntamente prostituían a mujeres en bares de la delegación Venustiano Carranza.
En rueda de prensa informó que la procuraduría capitalina aportó las pruebas suficientes al impartidor de justicia, quien calificó la detención de los imputados como legal, y determinó ingresarlos al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, respectivamente.
La funcionaria destacó que de acuerdo con la indagatoria, una denuncia ciudadana alertó a las autoridades del modo de operar de estos negocios y de los imputados, que consistía en solicitar a las víctimas consumir bebidas alcohólicas con los clientes. Asimismo, tenían que dejar que les realizaran tocamientos y sostener relaciones sexuales en los sanitarios, los cuales se encontraban en pésimas condiciones e insalubres.
Los imputados fueron detenidos por elementos de la Policía Federal adscritos a la División de Investigación y personal ministerial de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito Trata de Personas, en cumplimiento a una orden de cateo ejecutada en cuatro bares. Los establecimientos aparentaban ser negocios de comida, localizados en la colonia Puebla, delegación Venustiano Carranza.
Además, el consumidor tenía la opción de pagar una cuota adicional para que las agraviadas salieran del lugar y trasladarse a otros sitios y del cobro por el sexo-servicio, el 60 por ciento era para los dueños de los establecimientos y el resto para ellas. La ejecución del mandamiento judicial permitió la liberación de 20 mujeres mayores de edad, y a través de la subprocuraduría del ramo, se activó el Protocolo de Atención a Víctimas con el fin de proporcionarles atención jurídica, psicológica y médica.
Dos de los detenidos eran los dueños de los establecimientos, mientras que cinco trabajaban como encargados, los cuales presuntamente eran los que enganchaban a las víctimas, generalmente originarias de los estados de Oaxaca, Puebla, Estado de México y de esta capital.