La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizó el aseguramiento de 50 aves canoras y de ornato y 2 ejemplares de mono saraguato (Alouatta pigra) que pretendían ser comercializadas en la colonia Infonavit Atasta de la ciudad de Villahermosa, Tabasco.
Después de ubicar a dichas especies, localizadas durante un recorrido de vigilancia en un tianguis de Villahermosa, se procedió a realizar visita de inspección, en la que el responsable no presentó el registro o autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para la comercialización de estos ejemplares, ni la documentación que acreditara la legal procedencia de los mismos.
La PROFEPA determinó como medida de seguridad el aseguramiento precautorio, con base en los artículos 117 y 119 de la Ley General de la Vida Silvestre. La especie mono saraguato se encuentra en categoría de riesgo en Peligro de Extinción (P) de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, y entre las aves aseguradas se identificó la especie azulillo siete colores o mariposa (Passerina ciris), misma que se encuentra en la categoría Sujeta a Protección Especial (Pr) de dicha norma.
Por lo anterior, se procedió con las acciones jurídicas aplicables, debido a que la posesión y transporte de estos ejemplares se configura como un delito ambiental, por estar en las Normas Oficiales Mexicanas que identifican las especies de fauna en riesgo. El Código Penal Federal establece en su artículo 420, fracción IV: “Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de 300 a 3 mil días multa a quien ilícitamente realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte y acopie, introduzca al país o extraiga del mismo algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos de una especie de flora o fauna silvestre, terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial o regulada por algún tratado internacional del cual México sea parte”.
El tráfico ilícito de fauna y flora silvestre no sólo es una cuestión ambiental, sino un delito con amplias consecuencias de seguridad y en su mayoría tiene una relación directa con otras formas de tráfico ilegal, corrupción y lavado de dinero; razón por la cual el tema ha alcanzado un nivel alto en las agendas de trabajo de la PROFEPA y la Procuraduría General de la República (PGR).